PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Jorge Emilio González Martínez, el “Niño Verde y Mafioso», dueño del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), estaría detrás de una red de extorsión que operaba contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio en el Estado de México, según reveló la plataforma de noticias Latinus, una constante que se repite en lugares donde a través de alianzas políticas le concedieron espacios de poder a «La Mafia Verde», que en Quintana Roo tiene su sede nacional y donde se ha demostrado que son aliados del crimen organizado como la Mafia Rumana que robaron a tarjeta habientes en la Riviera Maya un estimado de mil 200 millones de dólares entre el 2014 y mediados de 2019.
El medio informó que el nombre del lider nacional de «La Mafia Verde» aparece en un documento del expediente del caso al que tuvo acceso, en dicho expediente se detuvo a un miembro del PVEM que fungió como su secretario particular; la investigación derivó en la detención de dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México: Raúl Piña Horta, director de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, y Carlos Eduardo Solares, director de Control de Emisiones a la Atmósfera.
Piña Horta, además de su cargo público, formaba parte de la Comisión de Honor y Justicia del PVEM y había sido diputado federal suplente de Guillermo Velasco Rodríguez. Latinus precisó que también se desempeñó como secretario particular del “Niño Verde y Mafioso”.
El documento central es una carta de denuncia presentada por la Asociación Ecologista de Verificación y la Asociación de Verificentros del Estado de México, víctimas de las extorsiones. La misiva fue dirigida al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien la habría turnado a la Fiscalía General del Estado de México.
Esta instancia abrió la carpeta de investigación y obtuvo las órdenes de aprehensión, de las cuales se enviaron copias a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
En el texto, los afectados identifican como presuntos responsables a Raúl Piña Horta, a José Alberto Couttolenc Buentello, líder de «la Mafia Verde» en la entidad y a otras dos personas: Marco Antonio Valenzuela y Rodrigo García.
Según los testimonios recabados, estas personas justificaban las exigencias económicas afirmando que actuaban bajo instrucciones del «Niño Verde y Mafioso»; los propietarios de verificentros denunciaron cobros mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos en 145 de los 168 centros de verificación vehicular que operan en el estado.
Las amenazas incluían la retirada de infraestructura o la revocación de autorizaciones si no se pagaba el “derecho de piso”. Además, se exigía un pago extraordinario de 500 mil pesos por cada carril de verificación antes de diciembre de 2026, bajo la advertencia de no revalidar los permisos para 2027.
Con un promedio de seis líneas por verificentro, el esquema proyectaba una recaudación de alrededor de tres millones de pesos por establecimiento, lo que sumaría unos 435 millones de pesos en total por este concepto.
Los empresarios afectados señalaron que informaron de la situación a la gobernadora Delfina Gómez mediante escritos a principios de 2026, sin obtener respuesta hasta las detenciones.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” enfrentan prisión preventiva justificada tras ser detenidos el 10 de agosto, la juez de control del Distrito Judicial de Chalco dictó la medida al cierre de la audiencia de formulación de imputación, que arrancó el 12 de agosto y se prolongó más de 16 horas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) coordinó el operativo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México.
Piña Horta fue arrestado a las 7:30 horas en la colonia Club Deportivo de Acapulco; Solares, de forma simultánea en la capital del país.
Durante la audiencia, tres agentes del Ministerio Público enfrentaron a siete defensores particulares, quienes alegaron ilegalidad en las detenciones e inexistencia del tipo penal y solicitaron la libertad inmediata.
La juzgadora desestimó esos argumentos y decretó prisión preventiva para garantizar la seguridad de víctimas y testigos, evitar la obstaculización del procedimiento y eliminar el riesgo de fuga.
Uno de los imputados enfrenta el cargo de extorsión agravada; el otro, el de abuso de autoridad. La continuación de la audiencia, en la que se resolverá la vinculación a proceso, quedó fijada para el sábado 15 de agosto a las 10:30 horas.
El esquema operaba con precisión ya que los funcionarios programaban inspecciones los viernes y amenazaban con mantener cerrados los establecimientos todo el fin de semana si no se cumplían las exigencias.
Los pagos debían entregarse en efectivo en un domicilio identificado por las autoridades. En el caso de gasolineros y gaseros, las cuotas oscilaban entre 500 mil y 800 mil pesos por visita.
Para los verificentros, se documentaron los cobros mensuales ya mencionados y la cuota extraordinaria por carril.
En los casos más graves, se simulaban actos administrativos para despojar a propietarios legítimos de sus concesiones y de la infraestructura que ellos mismos habían adquirido.
Las víctimas eran advertidas de que, si denunciaban, sufrirían afectaciones o daños. La FGJEM indicó que el entramado generaba “varias decenas de millones de pesos mensuales” solo por las cuotas para no cerrar líneas de verificación, cifra que se incrementa al sumar las exigencias por revalidación.
La Fiscalía reconoció que conoce de afectados que aún no han formalizado su denuncia por temor a represalias y anunció que los contactará directamente.
Raúl “N” fue designado el 17 de octubre de 2023, poco más de un mes después del inicio del gobierno de Delfina Gómez, como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente, entonces encabezada por Alhely Rubio Arronis.
Tiene una larga trayectoria en el PVEM: fue diputado federal en la LIX Legislatura y secretario particular del «niño Verde y Mafioso». Los empresarios del sector sostuvieron ante las autoridades que las presiones existían desde el gobierno de Alfredo Del Mazo, pero se intensificaron en meses recientes.
El nombre del funcionario adquirió proyección nacional en julio de 2026, cuando los señalamientos se expusieron durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fuentes allegadas a Poder y Crítica aseguran que existe una investigación federal sobre este modus operandi de funcionarios de Quintana Roo que estarían replicando el mismo esquema en las gasolineras de las entidad, en las que estaría participando un diputado local y ex delegado de la Semanrnat en la entidad.
