PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Con el anuncio del Gobierno del Estado que designó a Héctor Segundo Masegosa Llanas como carcamero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en sustitución de Hugo Garza Sáenz, no es más que otro enroque de «La Mafia Verde“ para no soltar una dependencia que le deja millonarias ganancias en embutes y extorsiones como el robo de 22 millones de pesos para la compra de criptomonedas.
La renuncia de Hugo Garza Sáenz a la titularidad de CAPA fue porque le robó a la mafia que en el estado encabeza Renán Sánchez Tajonar y no por motivos personales relacionados con asuntos familiares, según se dijo desde la Secretaría de Gobierno.
Masegosa Llanas es otro alfil de los verdes que fue impuesto desde octubre de 2024 como Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos de la CAPA, teniendo la responsabilidad y la coordinación de la administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos del organismo, así como la supervisión de procesos administrativos y de contratación, donde tenía vía libre en la asignación de contratos, pillerías que aprendió en la administración municipal en Benito Juárez, aunque se diga que Hugo Garza Sáenz, era la autoridad facultada para la firma y adjudicación final de contratos de infraestructura de la institución.
Garza Sáenz había tomado las riendas de CAPA a finales de 2024, en sustitución de Alberto Covarrubias Cortés, en medio de un escándalo por el presunto desfalco de más de 20 millones de pesos que habrían cometido tres funcionarios de dicho organismo, dinero que habrían utilizado para invertir en criptomonedas.
CAPA ha enfrentado múltiples señalamientos y auditorías por actos de corrupción, desfalcos millonarios y redes de cobros irregulares que involucran tanto a altos funcionarios de administraciones pasadas como a personal operativo reciente.
Los casos más relevantes documentados e investigados incluyen el desvío de 22 Millones para Criptomonedas por cuatro empleadas internas del organismo adscritas al Área Contable y a la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) en Chetumal, durante el periodo 2024-2025 todos bajo el mando de Masegosa Llanas
De acuerdo con las carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y los informes de auditoría, las identidades de las principales involucradas se manejaron bajo reserva legal, pero las fuentes del organismo y reportes locales identificaron a tres de ellas por sus nombres de pila: «Lupita»: Señalada por las indagatorias como la persona que confesó inicialmente el Modus Operandi ante las autoridades institucionales; «Miriam»: Identificada como una de las jefas de departamento dentro de la estructura financiera que facilitó las conciliaciones simuladas; «Irene»: Personal operativo del área contable implicada en la manipulación de los estados financieros y una empleada de la DRAEF, cuyo nombre no fue revelado y quien era la encargada directa de elaborar de forma irregular los convenios de liquidación de adeudos
Las empleadas con la venia de Masegosa Llanas, aprovecharon sus accesos al sistema comercial y financiero para borrar o alterar deudas de grandes usuarios, algunas superiores a los 200 mil pesos a cambio de cobros en efectivo por cantidades menores de alrededor de 15 mil pesos que nunca ingresaban a las cuentas bancarias de la CAPA.
Para ocultar el faltante, simulaban las conciliaciones bancarias al interior del departamento contable. El dinero desviado en efectivo era posteriormente cambiado y ocultado mediante la compra de criptomonedas y el financiamiento de viajes personales. Las cuatro involucradas fueron separadas inmediatamente de sus funciones y denunciadas penalmente por el delito de peculado, sin embargo ninguna de ellas terminó en prisión pues amenazaron con denunciar a su jefe inmediato de ser el orquestador de dichos desvíos, o sea Masegosa Llanas.
El nuevo titular de CAPA es quien encabeza la red de Extorsión y Cobros Excesivos en Chetumal recientemente expuesta por quejas ciudadanas que acusan de su existencia y el modus operandi estaría integrado por personal del organismo señalados de alterar lecturas de medidores de forma deliberada para generar cobros excesivos e infundados que rebasan los dos mil pesos. Posteriormente, se condiciona a los usuarios a «arreglar» o disminuir la deuda de manera externa a cambio de sobornos
Durante la gestión de Hugo Garza Sáenz se criticó administrativamente que la paraestatal alternaba anuncios de inversiones millonarias en infraestructura hídrica con una severa crisis operativa y desabasto. Auditorías internas han seguido de cerca estos contratos para determinar si los recursos asignados a plantas de tratamiento y modernización corresponden al avance físico real de las obras o si existió simulación.
Por eso CAPA el organismo estatal responsable de administrar el recurso más vital del estado, está en el centro de la polémica en medio de una crisis hídrica sin precedentes y una creciente preocupación por la contaminación del manto freático, CAPA alterna entre proyectos de inversión millonaria y graves acusaciones de corrupción que han debilitado su credibilidad.
En Cozumel, CAPA anunció junto con autoridades estatales y federales una inversión superior a los 210 millones de pesos para modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales San Miguelito. La obra busca duplicar su capacidad de procesamiento de 110 a 230 litros por segundo, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y proteger el frágil ecosistema marino.
El proyecto se ejecutará en dos etapas: una primera fase de 123 millones de pesos y una segunda con una inversión adicional de 90 millones. El gobierno ha prometido que para finales de este 2026 la planta podrá reutilizar un mayor volumen de agua tratada, mejorando el saneamiento en la isla.
Sin embargo, reportes ciudadanos denuncian desbordamientos frecuentes en la misma planta de tratamiento, afectando zonas protegidas al norte de la isla. Habitantes acusan a la CAPA de falta de mantenimiento, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos, lo que ha generado desconfianza sobre el verdadero impacto de estas inversiones.
La situación se agrava cuando se amplía el panorama a otros municipios del estado. En Tulum, colonias irregulares carecen de servicios básicos como agua potable y drenaje, lo que ha generado brotes de enfermedades y pone en riesgo a comunidades que dependen directamente del manto freático para consumo diario.
En Playa del Carmen, el agua contiene niveles alarmantes de nitritos —hasta 46 miligramos por litro—, contribuyendo a la degradación del Sistema Arrecifal Mesoamericano. La expansión del turismo, sin planificación urbana ni inversión suficiente en infraestructura de saneamiento, sigue contaminando los recursos hídricos de forma constante.
Aunque CAPA asegura estar ejecutando proyectos clave en infraestructura, como la modernización de plantas en Cozumel o el mantenimiento de sistemas de bombeo, la falta de transparencia, los escándalos por mal manejo de recursos y los reportes de contaminación constante opacan cualquier avance institucional y todo recae en Héctor Segundo Masegosa Llanas, el nuevo carcamero de «La Mafia Verde».
