CIUDAD DE MÉXICO, Viernes 28 de febrero de 2020, poderycrítica.- Al dar a conocer en la tribuna de la Cámara de Diputados su posición sobre los recursos federales para el Fortalecimiento a la Seguridad en los Estados y municipios del país (Fortaseg), la diputada federal Mildred Ávila Vera sostuvo que ante la crisis de seguridad que atraviesa el país, pero, sobre todo, ante la emergencia nacional por la violencia feminicida que no sólo mata a las mujeres, sino que se ha ensañado con las niñas, ve con preocupación la distribución de las millonarias bolsas de recursos para seguridad que la Federación otorga año tras año.
Agregó que el Fortaseg tiene muy poco impacto, especialmente para atender desde lo municipal las alertas de violencia de género, particularmente en los municipios con mayor incidencia de violencia feminicida; el monto total de los recursos presupuestarios federales del Fortaseg asciende a 4 mil millones de pesos, que se distribuyen entre los municipios beneficiados para asignarlos a modelos policiales, justicia cívica, profesionalización y certificación policial; equipamiento e infraestructura y a la prevención del delito, siendo este último el que menos recursos recibe, a pesar de que debe distribuirse entre prevención de la violencia escolar, jóvenes en la prevención, cultura de paz y prevención de la violencia familiar y de género.
La legisladora quintanarroense enfatizó que la misma problemática se aprecia con los recursos FASP, cuyo monto total asciende a más de 7 mil millones de pesos y se distribuye entre los estados, otorgando a cada uno más de 100 millones de pesos e, incluso, hasta 200 millones de pesos o más, para contribuir en la atención reactiva y urgente de la seguridad y sólo uno de ellos está orientado a la prevención, rubro que, además, debe distribuirse en diversas acciones, como el acceso a la justicia para las mujeres, manifestó.
La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que las deficiencias en la ejecución efectiva de recursos, el poco impacto en la seguridad de las mujeres y la dispersión en las acciones de prevención limita el derecho de las mujeres a la seguridad y, ante la emergencia nacional de violencia feminicida, obliga a replantear su distribución, su ejecución y el impacto esperado.
En ese sentido, exhortó a los gobiernos estatales y municipales a que asignen, en la medida que sus facultades lo permitan, un porcentaje de presupuesto mayor al considerado para atender la violencia feminicida.
