Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 11 noviembre; poderycritica.-El Estado Mexicano reconoció su responsabilidad en el asesinato de tres tzeltales bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido en el poblado Morelia, del municipio de Altamirano el 7 de enero de 1994, en el contexto del alzamiento armado indígena, y suscribió con familiares de los extintos un acuerdo de justicia y resarcimiento, derivado de un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el acto, realizado en las oficinas de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, reconoció que el Estado tiene responsabilidad en aquellos hechos.
“Sabemos que el Estado tiene una responsabilidad, que ha pasado mucho tiempo y la intención es atender oportunamente lo más pronto que se pueda cada uno de los compromisos”, enfatizó.
Acompañados del abogado Miguel Ángel de los Santos, algunos familiares de las víctimas reclamaron que no estuvieran presentes miembros del Ejército Mexicano, responsable del triple homicidio.
A esto, Campa Cifrián expuso que por parte del Gobierno federal signaron el convenio con la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
Los familiares indicaron que el 7 de enero de 1994, durante el conflicto guerrillero, efectivos del Ejército Mexicano ingresaron a Morelia y obligaron a los pobladores a colocarse boca abajo en la cancha de básquetbol.
Enseguida llevaron aprehendidos a los ancianos Seberiano Sántiz Gómez, Sebastián Sántis López y Hermelindo Sántiz Gómez, cuyos cuerpos aparecieron días después a unos cuatro kilómetros de Morelia.
Petrona López Sántiz, de 80 años de edad, viuda de Sebastián Sántiz, responsabilizó del triple homicidio al personal militar hace casi 21 años. Su esposo trabajaba en una tienda comunitaria, cuando llegaron los militares, “saquearon los productos y los instrumentos musicales de la iglesia católica”.
Relató que una de las víctimas pidió a los soldados que no se llevaran a su cónyuge porque estaba enfermo. “No te preocupes, ahorita te vamos a dar medicina”, le dijeron.
«Ojalá me hubieran devuelto el cuerpo de mi marido, no que después de unos días vimos zopilotes en la zona y fueron a recoger sus restos”, lamentó.
En el acto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación fue acompañado por el secretario de Gobierno de Chiapa, Juan Carlos Gómez Aranda y otros funcionarios.
En representación del Estado mexicano, Campa Cifrián aseguró que éste “cumplirá cien por ciento el acuerdo” del reconocimiento oficial en la responsabilidad de los hechos, la reparación de daños con la indemnización, además de temas educativos, salud y garantía para que no se repitan estos hechos.
Agregó que las autoridades construirán un parque en el ejido Morelia a la memoria de los tres tzeltales con la respectiva placa conmemorativa, el cual estará concluido dentro de un año.
Así también se rehabilitarán las escuelas primaria y secundaria, se entregarán becas de estudios; las indemnizaciones no se precisaron, pero serán de acuerdo con los estándares internacionales y entregadas en tres semanas.
De los Santos destacó la trascendencia del acto para los deudos “porque es una manera de decirles que el Estado está al pendiente y trabajando para hacer justicia, aunque amentó que no estuviera ningún representante de la CIDH. El organismo internacional debe entender que los actos de justicia y de reparación a violaciones a derechos humanos “se acuerdan también en presencia de las víctimas y sus familiares y no sólo con una de las partes”, subrayó.
Expresó la expectativa que en un futuro “veamos en los tribunales a los autores materiales” del asesinato de los tres tzeltales; la CIDH no tuvo dudas en señalar que la responsabilidad por la privación de la vida es del Ejército Federal, puntualizó al abogado.
