Lo que iba a ser anécdota del informe de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Torres López, terminó en escándalo: el elevador nuevo del edificio se quedó atorado con seis presidentes de tribunales superiores del país adentro.
Quedaron atrapados la semana pasada durante el informe, los magistrados de Estado de México, Héctor Macedo García; Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría; Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez; San Luis Potosí, Lourdes Zarazúa Martínez; Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez y Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas.
El problema, según Sol Yucatán, va más allá del bochorno. El Consejo de la Judicatura pagó 2.8 millones de pesos por ese elevador.
Hay dos contratos: PODJUDCJ/0825 y PODJUDCJ/1225. A principios de 2025 se contrató mantenimiento y cuatro meses después, en agosto de 2025, sustitución total del equipo. Las beneficiarias fueron Multiservicios Integrales e Ingeniería y Servicios del Caribe, ambas de Quintana Roo.
Es decir, el equipo tiene apenas un año de uso y no debería fallar. Personal del propio Poder Judicial asegura que no es la primera falla y sospechan que los equipos no serían nuevos sino reciclados.
Hasta ahora el Tribunal no ha dado dictamen técnico ni explicación del gasto.
