Ecuador, Poder&Crítica.- Un día después de que el Gobierno de Ecuador y los líderes indígenas llegaran a un acuerdo para derogar el decreto 883, que llevará a la formación de una comisión en la que participarán otros sectores de la sociedad, más de dos mil personas se concentraron para realizar labores de limpieza.
En las inmediaciones de la Contraloría General del Estado, estudiantes de la Universidad Central, amas de casa, profesionales, voluntarios y personal del Municipio se unieron en la limpieza de la ciudad tras las protestas para que fuera eliminado el subsidio a los combustibles.
Fuentes de la Alcaldía de Quito indicaron que desde las 02:00 comenzaron con la limpieza en compañía de un grupo de indígenas que se encontraba en las inmediaciones del parque El Arbolito y acomodaron los desperdicios.
Desde las 07:00 horas del pasado lunes, agentes civiles de tránsito y personal de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo-EP) realizaron el retiro de los desperdicios.
El director ejecutivo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Danny Gaibor informó que en un balance realizado se destacó que más de 300 agentes fueron agredidos y cinco patruleros apedreados. Tres foto radares de velocidad dañados y cuatro motos de la AMT fueron quemadas durante las movilizaciones.
Cientos de alumnos de la Universidad Central llegaron con material de limpieza y bolsas para retirar la basura, arreglaron los daños en la estación El Ejido, del Metro de Quito.
Mauricio Rosales, gerente de la Epmmop, manifestó que los daños ascienden a un millón de dólares. En el transcurso de este lunes se terminará de realizar un balance global de los destrozos, ocurridos en aceras, luminarias, asfaltado, entre otros.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, siete personas murieron, mil 340 resultaron heridas y decenas se encuentran detenidas.
INVESTIGAN A LÍDER INDÍGENA
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación concerniente a grupos subversivos contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, por hacer un llamado a la creación de una Guardia Indígena.
En un comunicado, la fiscalía destacó que la investigación contra el dirigente indígena se realiza con base en el Artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal (COP), relativo a “grupos subversivos”, que establece penas de hasta siete años de cárcel por sus dichos en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, ubicada al sur de la capital.
