PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La señora Carlota N abandonó este miércoles el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el Estado de México, luego de que un juez autorizó el cambio de medida cautelar para que continúe su proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud.
La mujer se encuentra vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras un hecho en el que murieron dos personas y otra más resultó herida, en el contexto de un conflicto por despojo en el que también fue identificada como víctima.
Su salida del penal se dio después de que su hijo, Arturo Santana Alfaro, denunciara un “retraso inexplicable” en la colocación del brazalete electrónico necesario para cumplir con la nueva medida cautelar.
De acuerdo con el propio familiar, el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (CEMECA) ya había realizado las diligencias correspondientes para garantizar el seguimiento del proceso judicial.
Condiciones para la prisión domiciliaria
Para acceder a este beneficio, Carlota “N” tuvo que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos el pago de 250 mil pesos como garantía económica, la acreditación de no contar con pasaporte vigente, así como la colocación de un brazalete electrónico y la supervisión constante de las autoridades.
Al salir del penal, la mujer fue abordada por medios de comunicación, a quienes expresó que se encuentra en buen estado.
“No hubiera querido que pasara esto, desde luego fue un mal reto, realmente, pero pues lo tomo como una defensa personal”, declaró en referencia a los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025.
Antecedentes del caso
La solicitud de prisión domiciliaria se había planteado desde mayo del año pasado, debido a que la imputada padece enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión.
Por este mismo caso también fueron detenidos sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, quienes permanecen en prisión preventiva justificada y vinculados a proceso por los mismos delitos.
En tanto, Víctor Eladio Torres Ortiz ya fue sentenciado por el delito de despojo en contra de Carlota y su familia, tras reconocer su responsabilidad. La autoridad le impuso una condena de seis años de prisión, además de una disculpa pública y el compromiso de no reincidir.
