Chetumal, Q. Roo, 06 septiembre, poder&crítica.- A marchas forzadas trabajará la Comisión Instructora que analiza la solicitud de juicio político interpuesta contra el ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, para lograr que antes de finalizar septiembre se tenga ya un dictamen y evitar que venza el plazo de un año establecido en la ley.
El presidente de dicha Comisión Instructora, Juan Carlos Pereyra Escudero, confirmó que tienen antes de finalizar septiembre para emitir un dictamen aun cuando no se pueda someter a consideración del pleno del Congreso debido al amparo concedido al ex funcionario municipal.
Asimismo, Pereyra Escudero consideró que los diputados ni fueron ignorados ni tampoco se les faltó el respeto con el hecho de que Marrufo Martin decidiera no asistir a comparecer este miércoles para responder a los señalamientos hechos en su contra durante su periodo como alcalde de Cozumel.
A través de su abogado, Alejandro Aguirre Buenfil, Marrufo Martín entregó a la Oficialía de Partes del Congreso del estado su respuesta en torno a las acusaciones hechas por el presunto desvío de recursos por del orden de los 11 millones de pesos y en donde estableció que dejó cuentas conciliadas y que no hay fundamento para que proceda la solicitud de juicio político en su contra.
Pereyra Escudero explicó que los integrantes de la Comisión Instructora solicitarán el oficio entregado a Oficialía de Partes para conocer su contenido y determinar si hay o no la necesidad de volverlo a citar a comparecer. Consideró que será en el transcurso de la próxima semana cuando hayan terminado el análisis del documento entregado.
Aclaró que de manera independiente al amparo concedido a Marrufo Martín, la responsabilidad de la Comisión Instructora es terminar el trabajo y emitir una resolución respecto a la solicitud de juicio político. en estos momentos no puedo decir si tiene responsabilidad o no en las acusaciones y si procede o no la solicitud de juicio político, reiteró
Reiteró que han solicitado apoyo a la auditoria superior del estado para la revisión de toda la documentación contable entregada como prueba del desvío de recursos. Reiteró que antes que termine septiembre deben tener ya un dictamen para evitar que fenezca el plazo establecido por la ley que es de un año para poder fincar responsabilidades. (Noticaribe)
