México, 13 octubre; poderycritica.-La Comisión de Transparencia y Anticorrupción se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil para analizar las necesidades de presupuesto para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Diputados concluyeron que ante la ausencia de una propuesta por parte de las autoridades, aunado a los recortes a instituciones que integran el SNA, se deben trabajar varias propuestas para que en coordinación con la Comisión de Presupuesto, se destinen los recursos suficientes al combate a la corrupción.
Rogerio Castro Vázquez, presidente de esta instancia legislativa, recordó que en los meses de junio y julio el Congreso aprobó un paquete de leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, con lo que se distribuyeron competencias y funciones; se crearon órganos y se diseñaron los mecanismos de coordinación en los tres órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción.
Derivado de esas modificaciones, dijo, la implementación del SNA tendría un impacto presupuestal estimado en mil 506.2 millones de pesos en 2017, de los cuales, 15.2 millones se destinarían al Comité de Participación Ciudadana; 22.8 millones a la Secretaría Ejecutiva; 22 millones a la Plataforma Digital Nacional; 155.9 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mil 152 a la ASF y 137.9 a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Añadió que diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado que el gasto asignado en este año a las instancias que conforman el SNA fue de aproximadamente siete mil millones de pesos y que las necesidades para este serían en el orden de los siete mil 503 millones.
El diputado Hugo Gaeta Esparza, del PRI, coincidió en que es fundamental el fortalecimiento del SNA. «Una vez que inicie la discusión del PEF 2017, los integrantes de esta comisión, de manera decidida podamos definir los recursos para hacer funcionar este sistema porque son muchos los retos».
La priista Ruth Tiscareño Agoitia, apuntó que se necesita trabajar con una propuesta para el SNA. Debemos reunirnos con funcionarios de las dependencias que integran este sistema y conocer sus necesidades de gasto, previo a la discusión del PEF del próximo año. «Sabemos que no hay muchos recursos, pero podemos llegar a acuerdos».
El perredista, Agustín Basave Benítez, dijo que el SNA se creó con demasiada burocracia, sin embargo, deben destinarse los recursos suficientes para hacerlo funcionar.
Planteó que diputados y organizaciones civiles, propongan cifras concretas, de cuánto, a su juicio, debe de presupuestarse.
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que se debe destinar un presupuesto que permita al SNA seguir avanzando hacia la credibilidad de la población.
Reconoció que en la plataforma de transparencia del instituto, existen fallas, «pero se han ido resolviendo». Una parte importante de su disfunción, explicó, es la incapacidad material de los receptores estatales, que no tienen el equipamiento. «El INAI pidió a los gobernadores y órganos encargados invertir pero no hubo eco».
Advirtió que si eso llegara a ocurrir en la Plataforma Digital Nacional del SNA, sería terrible y se vendría al suelo la credibilidad.
Giovanni Jiménez Bustos, del CESOP, destacó que la corrupción es uno de los grandes retos que enfrenta la economía mexicana. Sobornos a los funcionarios públicos es materia diaria de noticia, sin embargo, las consecuencias económicas suelen pasar desapercibidas.
La corrupción, dijo, tiene impacto directo sobre la confianza y ésta a su vez influye directamente en las inversiones y consumo de los agentes económicos. «Cada peso que se le asigne al Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá un impacto en la confianza».
Marco Fernández Martínez, de México Evalúa, destacó que la asignación presupuestal para el SNA se tiene que ver desde una perspectiva de inversión y no de gasto. Agregó que es necesario fortalecer las instituciones ya establecidas que conforman el SNA.
Asimismo, manifestó su preocupación por los recortes presupuestales a la PGR, en particular a la Unidad Especializada de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que será base de la Fiscalía Anticorrupción, la cual tiene, en términos reales, una disminución del 10.1 por ciento respecto al monto que se le asignó en este año.
A eso se agrega que a la Visitaduría, unidad encargada de las investigaciones de casos de corrupción cometidos por funcionarios de la PGR, tiene un recorte del 13.1 por ciento y la SEIDO 15.3 por ciento. «Toca a los legisladores lograr un equilibrio y evitar el temor de los elefantes blancos y el populismo de pichicatear los recursos en la lucha del combate a la corrupción».
Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que el presupuesto para el SNA debe estar dirigido a tecnologías para hacer investigaciones, capacitación de personal, recursos materiales. Otro de los retos es la federalización del SNA.