PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una nueva legislación que incrementa de manera significativa las sanciones contra la extorsión, uno de los delitos que más ha crecido en el país. La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión establece condenas que van de 15 a 25 años de prisión, con la posibilidad de llegar hasta 42 años cuando se configuren alguno de los 34 agravantes contemplados.
La reforma, impulsada por el Ejecutivo federal como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, también determina que este delito será perseguido de oficio, con el fin de evitar que las víctimas deban exponerse ante los grupos criminales para presentar una denuncia.
Entre los factores que pueden elevar las penas destacan el cobro de piso, la afectación a menores de edad o migrantes, el uso de armas, la participación de servidores públicos y los llamados “montachoques”, accidentes provocados con fines de extorsión que han aumentado de forma notable en zonas urbanas.
Este método consiste en que motociclistas o automovilistas generan un choque intencional, simulan lesiones y exigen pagos inmediatos. Especialistas en movilidad recomiendan no entregar dinero, permanecer dentro del vehículo, contactar a la aseguradora y solicitar apoyo a la Policía Vial.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema. Entre enero y octubre de 2025, la extorsión creció 22.9% respecto al mismo periodo de 2019, convirtiéndose en el único delito de alto impacto que no ha registrado disminución. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la confianza en la línea 089 ha mejorado, pasando de 349 a 647 reportes diarios, lo que permitió abrir casi 2 mil carpetas de investigación y detener a más de 400 personas en 19 estados durante el primer semestre del año.
El 66% de los casos se concentra en Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, entidades donde operan grupos dedicados al cobro de piso, extorsión telefónica y amenazas armadas.
Especialistas coinciden en que la extorsión prospera por su bajo costo operativo, el ingreso constante que representa para las bandas criminales y el riesgo reducido de detención. El delito afecta hoy a comercios, mercados, transportistas, agricultores, escuelas, plataformas digitales y hasta gobiernos municipales.
El plan nacional del Gobierno federal contempla cinco líneas de acción: fortalecer las labores de inteligencia, crear unidades estatales homologadas contra la extorsión, mejorar la atención a víctimas, capacitar al personal del 089 y lanzar campañas preventivas dirigidas a ciudadanía y sector empresarial.
Durante la discusión legislativa, el diputado de MC, Juan Ignacio Samperio, aseguró que la nueva ley “levanta un muro institucional frente a la delincuencia”. Por su parte, el priista Emilio Suárez Licona lamentó que el Senado no incrementara las sanciones para servidores públicos que encubran a extorsionadores.
