Poder y Crítica | Redacción | La Ley General de Población, iniciativa promovida por el partido Morena en el Senado, que tenía como objetivo obligar al Instituto Nacional Electoral (INE) a proporcionar datos biométricos a la Secretaría de Gobernación, ha sido detenida debido a la falta de consenso entre las diferentes fracciones parlamentarias.
Al término de la sesión del Senado del día de martes, 10 de octubre, el vicepresidente de la cámara, Sergio Pérez Flores, emitió un comunicado breve en el que anunció que la iniciativa no sería sometida a votación, a pesar de la expectativa de que la mayoría legislativa del gobierno la aprobara.
“A solicitud de las comisiones dictaminadoras y con el acuerdo favorable de la Mesa Directiva, el dictamen con proyecto de decreto que abrogaba la Ley General de Población publicada el 7 de enero de 1974 se devuelve a las comisiones”, declaró Pérez antes de clausurar la sesión de este martes.
En qué consiste la Ley General de Población que solicita datos biométricos
La parte esencial de la ley requería que todos los ciudadanos, incluidos los niños, se inscribieran en el Registro Nacional de Ciudadanos para obtener una Clave Única del Registro de Población (CURP) que incluyera fotografía y firma. Esta CURP debía renovarse como máximo cada 15 años y servir como documento oficial de identificación en lugar de la credencial del INE.
El oficialismo justificaba la emisión de este documento como una herramienta que permitiría al gobierno conocer mejor la composición de la población y diseñar políticas públicas que abordaran las consecuencias económicas y sociales del envejecimiento de la población.
Por otro lado, la oposición expresó su preocupación, argumentando que la iniciativa imponía una serie de cambios y nuevas obligaciones a la Secretaría de Gobernación, sin asignar recursos adicionales para llevar a cabo esta tarea.
Hasta la fecha, no se ha proporcionado información sobre cuándo se reanudarán los trabajos para revisar y ajustar la iniciativa de ley.
Oposición se mantiene en contra de incluir fotografía y huellas dactilares
En septiembre, senadores de la oposición expresaron su desacuerdo con el dictamen de Morena, que permitiría al Consejo Nacional de la Población (Conapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación, recopilar fotografías y huellas dactilares de los ciudadanos que tramitaran la CURP. Temían la falta de claridad en cuanto a cómo se utilizaría esa información y a quiénes se la podría compartir.
El senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la iniciativa permitía compartir la información con cualquier dependencia, sin especificar cuándo, por qué ni en qué situaciones. Calificó esta falta de restricciones como una violación de los derechos personales y expresó preocupación sobre la posible utilización de la información con fines electorales.
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Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que la iniciativa carecía de una justificación clara sobre por qué la Secretaría de Gobernación necesitaría los datos biométricos de los ciudadanos, además de que contravenía la ley de protección de datos personales.
Recopilación de datos biométricos carece de fundamentos
Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que la propuesta de Morena carecía de fundamentos sólidos, aunque reconoció la necesidad de contar con una carta de identidad sólida y bien estructurada.
La senadora de Morena, Antares Vázquez, defendió que la Constitución no hace referencia a la credencial de elector como un documento de identificación oficial, y que el INE es la única entidad autorizada para resguardar datos biométricos de los ciudadanos. Argumentó que la Secretaría de Gobernación y el Conapo tienen la facultad de emitir este tipo de identificaciones y que la iniciativa estaba justificada en ese sentido.
