Poder y Crítica | Redacción | El diputado Filiberto Martínez advirtió que la extorsión ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un freno directo al desarrollo económico y a la tranquilidad social de comerciantes, trabajadores y familias mexicanas.
Durante su intervención en el análisis legislativo de la reforma constitucional federal en materia de extorsión, el legislador y expresidente municipal de Solidaridad argumentó que las exigencias económicas ilegales no solo asfixian financieramente a los negocios locales, sino que destruyen el tejido comunitario al alterar el orden y la paz de las comunidades.
«La extorsión golpea los bolsillos y el bienestar de quienes diariamente buscan salir adelante», señaló Martínez, quien utilizó su experiencia en la administración municipal para subrayar la urgencia de legislar con una visión integral que contemple tanto los operativos de seguridad como los severos impactos colaterales en la economía familiar y comercial.
El diputado manifestó su total respaldo al fortalecimiento de las herramientas legales para perseguir y castigar este delito. No obstante, enfatizó que los cambios en la Constitución serán insuficientes si no se acompañan de mecanismos de aplicación estrictos y de una estrecha coordinación operativa entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
