Quintana Roo, 21 julio, poder&crítica.-Debido al boquete financiero que se detectó por el pago de 40 millones de dólares y de 300 millones de pesos por la renta de aeronaves a 22 empresas por parte de la para estatal VIP Saesa durante la administración de Roberto Borge Angulo, Ercé Barrón Barrera y Víctor Hugo Loyola Corona, ex titular de la Apiqroo y ex procurador fiscal de Sefiplan, respectivamente, son señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por desempeño irregular de la función pública.
Además, también Gonzalo Herrera Castilla, ex secretario de la Función Pública, tendrá que ser llamado a esclarecer el por qué frenó investigaciones en contra de 30 ex funcionarios que estaban involucrados en presuntos desvíos de recursos federales.
Barrón Barrera y Loyola Corona formaron parte del Comité de Adquisiciones de la empresa VIP Saesa y como hasta la fecha no aclara el monto que se designó a la utilización de avionetas y helicópteros por parte de funcionarios estatales, así como a quienes se les brindó el servicio, tendrán que comparecer ante las autoridades y aclarar el paradero de esos recursos.
‘Apestados’
Tras haber ocupado la titularidad de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán por nueve meses, a Barrón Barrera le fue solicitada su separación del cargo, luego de que el gobernador de Sinaloa se enterara de que este funcionario es investigado en Quintana Roo por actos de corrupción cometidos durante el mandato del entonces gobernador, Roberto Borge Angulo.
Esta situación se confirmó mediante el periódico de esa entidad www.elnoroeste.com.mx, en el que se mencionó que al ex funcionario quintanarroense se le vincula con contratos y pagos por conceptos de servicios aéreos que hacía el ex gobernador.
Además, que en este sitio ganaba mensualmente 95 mil 354.55 pesos y debido a la acción de la justicia que pesa en su contra fue forzado a dejar el cargo en ese puerto norteño.
Víctor Hugo Loyola Corona, ex titular Fiscal de Sefiplan, también tendrá que comparecer, debido a que presuntamente era el encargado de llevar el control de los recursos que se designaban para las diferentes operaciones en la administración pasada.
Además, que al parecer no solventó los gastos onerosos que detectó la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado en VIP Saesa, ya que también formaba parte del Comité de Adquisiciones junto con Barrón Barrera.
Aunque ya tienen sus amparos en contra de cualquier acción de la justicia en su contra, los dos ex titulares de Apiqroo y Fiscal de Sefiplan, al igual que todos los colaboradores de Borge Angulo implicados en el desfalco al estado, tendrán que responder y esclarecer estos señalamientos que se les hace.
‘Tapadera’
Herrera Castilla en lugar de poner a disposición de las autoridades a los servidores públicos que se les comprobaban actos de corrupción durante la administración de Borge Angulo, se dedicó a dar carpetazo a al menos 30 expedientes contra ex funcionarios que incurrieron en malos manejos de fondos federales.
A pesar de que se encontraba al frente de la Secretaría de la Función Pública, se presume que no consignó a ningún implicado en desvíos de recursos, venta ilegal de mercancía, duplicidad de facturas e incluso en facturas de renta de maquinaria para obras ficticias, entre otras cosas.
Como ejemplo se encuentran los actos de omisiones, al no presentar evidencias de cumplimiento de 34 contratos relacionados con la compra de medicamentos e insumos.
Además, de irregularidades en el manejo del Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística, en el 2013, cuando el Estado recibió 55 millones 203 mil 700 pesos.
La mayoría de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa fueron instruidos por la Auditoría, por observaciones a las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2011-2013.
