La propuesta de la gobernadora Layda Sansores para nombrar al sonorense Fernando Oseguera Miramontes como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) desató críticas en el Congreso local, donde diputados de oposición cuestionaron por qué no se privilegió a un jurista campechano.
La diputada Mónica Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano, lamentó que “no voltean a ver a los campechanos” y pidió aclarar los nexos de Oseguera con la familia de la mandataria. Según documentos públicos, el aspirante es hermano de Carolina Oceguera Miramontes, esposa de Rodolfo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora. Carolina, de acuerdo con versiones extraoficiales, figura en nóminas del DIF estatal.
Oseguera, quien llegó a Campeche en 2021, cumple formalmente los requisitos del artículo 79 de la Constitución local: ciudadanía mexicana, título y cédula de licenciado en Derecho, buena reputación y sin antecedentes penales. Morena defendió la designación al señalar que se debe garantizar el funcionamiento pleno del Poder Judicial y la paridad de género.
Sin embargo, legisladores del PRI y MC insistieron en que “en Campeche hay abogados capaces” y que el nombramiento refleja que los locales “pasan a segundo o tercer plano”. El coordinador priista, Miguel Ángel Pool Alpuche, afirmó que desde el inicio de la administración morenista se recurre a personal de fuera para cargos de confianza, pese a que existen profesionales con años de trayectoria en el ámbito judicial.
Analistas locales advierten que la decisión envía un mensaje de desconfianza hacia los cuadros campechanos y revive el reclamo de “justicia con rostro local”. “El Poder Judicial debe entender el sentir, la idiosincrasia y los problemas de Campeche. Cuando se diluye ese vínculo, se impone una justicia ajena”, señaló el columnista Enrique Areñano.
La propuesta fue turnada a comisiones para su estudio. De aprobarse, Oseguera ocuparía la vacante hasta 2027, año en que, según el Congreso, se renovará a los magistrados locales mediante elección popular. Mientras tanto, el debate reabre la pregunta sobre identidad, mérito y lealtad partidista en los nombramientos públicos de la entidad.
