Ciudad de Mexico 06 de Agosto.- Una reserva del PRD, que propuso modificar ese punto y que el pago se realizara antes de impuestos, fue rechazada por la mayoría de PRI y PAN.
Asimismo, se desechó el planteamiento de imponer como obligación la presencia de testigos sociales en las negociaciones entre la empresa y el dueño del predio afectado.
El senador Luis Sánchez advirtió que se deja indefensos a campesinos y ejidatarios frente a los grandes despachos de las corporaciones extranjeras y lamentó que no se aclare en la ley cuánto tiempo tardará laocupación temporal de predios. Podrá ser por 30, 40 años o más, y cuando las regresen a sus legítimos propietarios no van a servir para nada. En lugar de que el Estado proteja a los propietarios de las tierras protege a las empresas trasnacionales, poniendo un tope de negociación.
En tribuna, el perredista mostró un mapa con el que ilustró las entidades que se verán afectados por la extracción de “gas shale y de petróleo”. Se trata, explicó, de 5 mil 866 ejidos, de 33 mil 877 localidades en 260 municipios de 12 estados. Esta ilustración es sólo para que lo recuerden, va a haber despojo, y los propietarios de la tierra no van a recibir nada.
Desde su escaño, el senador priísta Patricio Martínez increpó al perredista:Sería bueno que hiciera una revisión de las investigaciones geológicas que hay. La información que tengo es que difícilmente en cinco municipios del estado de Chihuahua se tiene la seguridad de la existencia de ese gas.
Además, le dijo que “sería conveniente que hiciera la conciliación y restar de esos 260 municipios 62 en los que no se tiene prospección de la existencia de gas shale para esos municipios en el estado de Chihuahua”.
¡No! –respondió el senador Luis Sánchez–, “de ninguna manera. Jamás he dicho que hay 60 municipios de Chihuahua incluidos aquí. Esta es información de Pemex, no mía. Y solamente hay un municipio de Chihuahua incluido en donde ahora se sabe hay gas shale.”
En tanto, el senador panista Francisco García Cabeza de Vaca resaltó que la Cámara de Diputadosenriqueció la minuta que envió el Senado, siendo sensibles con el conocimiento de que la población rural se encuentra en una situación económica y social precaria, y que en esas condiciones ostentan, entre pequeños propietarios, ejidos y comunidades, cerca de 90 por ciento de la propiedad en México.
Insistió en que con las modificaciones hechas por los diputados se brindará mayor certeza jurídica y justicia social a los futuros contratos de uso u ocupación superficial, al otorgar mayores beneficios a los propietarios y titulares de los terrenos y, por supuesto, a ejidos y comunidades.
Fidel Demédicis, también senador por el PRD, insistió en que se modificara en el dictamen, “solamente una palabra, un verbo: en lugar de ‘podrán’ participar testigos sociales, que diga ‘deberán’. Si no lo hacen, dejarán a los campesinos en la indefensión ante las grandes trasnacionales”.
