El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó categóricamente la posibilidad de solicitar licencia o separarse de su cargo a raíz del homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue asesinado tras haber denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento por parte de funcionarios de la administración estatal.
Entrega la investigación a la FGR
Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal informó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de esclarecer los hechos y determinar si existe algún grado de responsabilidad u omisión por parte del gobierno de Oaxaca en el crimen del comunicador, perpetrado el pasado 22 de julio.
«Espero que la Fiscalía General de la República determine finalmente lo que ocurrió. Espero el veredicto y una investigación seria y responsable», declaró Jara Cruz ante los medios de comunicación.
Asimismo, el gobernador aseguró que su administración mantendrá una postura de total apertura y colaboración con las autoridades federales, manifestando su disposición para comparecer ante cualquier citatorio que emita la FGR: «Si la Fiscalía General de la República nos invita a comparecer, con mucho gusto lo haremos», puntualizó.
Antecedentes y contexto del crimen
Francisco Alejandro Leyva Aguilar, reconocido por su labor crítica a través de la columna digital «El Zumbido del Moscardón», había señalado de manera directa al gobierno estatal como presunto responsable de cualquier agresión o intimidación en su contra previa a su muerte.
Hasta el momento, las instancias de procuración de justicia no han reportado personas detenidas por este atentado. Versiones preliminares de medios locales apuntan a que el comunicador fue interceptado y atacado por hombres armados mientras se encontraba en un establecimiento de comida en el municipio de San Pablo Etla, dato que se mantiene bajo indagatoria ministerial.
México, epicentro de riesgo para la prensa
Con el asesinato de Leyva Aguilar, las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Reporteros Sin Fronteras (RSF), documentan siete periodistas asesinados en México en lo que va del año. Esta cifra consolida trágicamente al país como la nación más peligrosa del continente americano para el ejercicio periodístico, una tendencia que se ha mantenido durante la última década y media.
