PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Vecinos desalojados de un edificio en el Centro Histórico acusaron a las autoridades capitalinas de violaciones a sus derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y omisión en la atención a las víctimas, tras el operativo realizado la madrugada del 27 de agosto en la calle República de Cuba 11, a unas cuadras del Zócalo.
De acuerdo con testimonios, 19 familias y varios negocios fueron desalojados de manera violenta y sin previo aviso. Sus pertenencias quedaron regadas en la vía pública, lo que ocasionó daños y pérdidas económicas.
“Nos trataron como delincuentes”
Manuel Gómez Tello, uno de los afectados, aseguró que este desalojo forma parte de un proceso de gentrificación que expulsa a habitantes de bajos recursos de la zona.
“Nos despojaron de nuestro hogar. Nos arrebataron lo que con esfuerzo construimos durante décadas, como si no valiera nada”, expresó durante una conferencia de prensa frente al inmueble desalojado.
Otros vecinos señalaron que más de 100 policías participaron en el operativo, a diferencia de la versión oficial que habla de entre 20 y 24 elementos. Además, acusaron la presencia de “lanzadores” que se apropiaron de sus pertenencias mientras los uniformados custodiaban la zona.
Consecuencias fatales
La tragedia alcanzó a Adrián Montoya, propietario de un negocio de impresoras dentro del edificio. Su hijo relató que, al ver sus máquinas destruidas en plena calle, sufrió una fuerte impresión que derivó en un paro cardíaco al día siguiente.
“Para mi padre fue devastador ver todo tirado como basura”, lamentó Julio Montoya.
Los vecinos, muchos de ellos adultos mayores, también reportaron afectaciones a su salud. Arturo Velázquez, de 65 años, relató que fue empujado por las escaleras y perdió un diente durante el operativo. Otros habitantes, con padecimientos crónicos como diabetes, enfrentan complicaciones al permanecer a la intemperie.
Acciones legales y exigencias
El abogado Arturo Aparicio, representante de los desalojados, informó que se entregó al Gobierno de la Ciudad un pliego petitorio de 10 puntos, entre los que destacan:
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El retorno inmediato de las familias al inmueble.
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Aclarar el proceso jurídico que dio origen al desalojo.
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Reconocimiento y denuncia de las violaciones a derechos humanos.
El litigante explicó que el inmueble estuvo en disputa desde la muerte de su propietario en 1992, pero los inquilinos continuaron pagando renta a una empresa que nunca acreditó la representación legal del predio.
“Se violó el derecho a la vivienda y al debido proceso, pues los vecinos ya gestionaban con autoridades la posibilidad de comprar el edificio”, señaló.
Asimismo, denunció que algunos medios han criminalizado a los habitantes al llamarlos “paracaidistas”, pese a que han cubierto sus rentas.
De acuerdo con Aparicio, el diálogo con el Gobierno capitalino se encuentra “en pausa”, y algunos apoyos han sido condicionados a que los vecinos renuncien a recibir acompañamiento de colectivos y activistas, como el Fondo por la Vivienda Joven.
Mientras tanto, los afectados permanecen en campamentos frente al inmueble desalojado, a la espera de que sus demandas sean atendidas.
