México, 13 Octubre; poderycrítica.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita al gobierno de Sonora proporcionar atención psicológica y se repare el daño a una mujer que estuvo presa, en términos de la Ley de Atención a Víctimas.
Entre otras medidas, solicita inscribirla al Registro Estatal de Víctimas para que tenga acceso a los recursos del Fondo y a la reparación integral previsto en la misma norma.
Y es que el organismo dirigió una recomendación a la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, debido a que autoridades del Sistema Penitenciario de Hermosillo negaron, en su momento, la libertad a una mujer recluida.
De acuerdo con la recomendación 44/2016, de esta irregularidad son responsables seis autoridades y tiene relación con violaciones a las garantías individuales en materia de seguridad jurídica, legalidad y libertad personal por la detención arbitraria de la afectada.
Recuerda que el 5 de junio pasado recibió una queja telefónica porque una mujer seguía privada de su libertad en ese Centro de Readaptación Social (Cereso), luego que tres días antes había cumplido su condena.
Indica que de acuerdo con sus visitadores, la víctima fue puesta en libertad el 8 de junio porque seis días antes, cuando debió salir de prisión, dos custodios y una celadora revisaron su celda y dijeron haber encontrado «cinco globos con droga».
Por ese motivo, abunda, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, aunque el juzgado correspondiente dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley.
Lo anterior, porque no se acreditó el delito «contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetamina, con fines de venta» y fue consignada, añade.
Subraya que por esta queja abrió el expediente CNDH/2/2015/4257/Q para manifestar que los elementos de seguridad penitenciaria y del Ministerio Público transgredieron los derechos de la víctima antes mencionados.
La Comisión menciona que entre las diversas acciones y omisiones estuvieron la revisión la celda sin autorización y dirigida a la víctima sin la presencia y participación de la otra interna durante la supervisión.
También, anota, que la afectada sufrió incomunicación luego de su detención, que existió un parte informativo elaborado con hechos distintos a los ocurridos, inconsistencias en la indagatoria penal, y la supuesta flagrancia en la comisión del delito y en la posesión de una sustancia prohibida.
Como antecedente del caso, la CNDH comenta que emitió la recomendación 54/2013 al entonces gobernador y también se acreditó la violación de los derechos humanos de la víctima a la libertad, legalidad y seguridad jurídica.
