Poder y Crítica | Redacción | Tras la aprobación de la reforma orientada a combatir la piratería y la suplantación de identidad en entornos digitales, se aclaró que dicha medida busca sancionar de manera estricta el uso no autorizado de logotipos, portales web, sellos y documentos oficiales que sean empleados con fines de fraude o engaño hacia los ciudadanos.
La iniciativa, apoyada en el Senado, está focalizada en frenar esquemas delictivos recurrentes como la clonación de páginas de trámites gubernamentales, cobros de impuestos apócrifos y la falsificación de programas de apoyo social, conductas que menoscaban el patrimonio de la población.
Frente a las versiones difundidas por sectores de la oposición que la han catalogado peyorativamente como una “ley antimemes”, se precisó que la normativa no afecta ni persigue la parodia, el contenido satírico, los memes, el humorismo ni el ejercicio libre de la libertad de expresión o la labor periodística.
Las sanciones previstas en la ley aplican de manera exclusiva cuando existe dolo explícito, es decir, la intención manifiesta de suplantar una institución pública para obtener beneficios económicos ilícitos o lucrar mediante engaños a la ciudadanía.
