Poder y Crítica | Redacción | Con el proceso de consulta pública y de co-creación sobre del Servicio Público de Carrera, que a iniciativa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, se realizó con el apoyo del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. (IAPQROO) durante los meses de Noviembre de 2021 a Agosto de 2022, culmina una primera etapa de análisis y debate público y abierto sobre la imperiosa necesidad de combatir la corrupción en uno de los pilares de la toma de decisiones en los gobiernos, que es el manejo discrecional del empleo público y con ello el secuestro de los puestos públicos por cuotas partidistas.
Siendo los sistemas de carrera administrativa la solución que a nivel internacional se ha probado desde el siglo XIX y los sistemas de mérito desde hace más de 400 años, Quintana Roo se encuentra en falta debido a la permanencia del Sistema de Botín Político en el acceso, permanencia, desarrollo y terminación del empleo público en el que los partidos que llegan al poder colocan a sus allegados, compadres, amigos, familiares y clientelas políticas para el manejo presupuestal y se apoderan de todas las decisiones de nuestra vida institucional que regulan lo que hacemos en sociedad.
De ahí la importancia y trascendencia que se diera este proceso de auscultación pública y social en el que se incluyeron a los más trascendentales especialistas en materia de empleo público, recursos humanos y profesionalización del país y del extranjero. Este proceso incluyó la puesta en marcha de 12 mesas de trabajo y 3 encuentros con organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, órganos autónomos del Estado, Municipios y personas servidoras públicas de los tres poderes del Estado, así como de la participación de 15 Diputadas y Diputados electos de la XVII Legislatura de Quintana Roo.
El debate inicia a partir de la obsolescencia de la Ley del Servicio Público de Carrera (LSPC) del Estado de Quintana Roo que aún se encuentra vigente desde el año 2002 (hace 20 años) y que es de carácter general, lo que obliga al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los Municipios del Estado a cumplirla a efecto de implementar un SPC administrativo que sea universal, meritocrático, profesional, ético y promueva la eficiencia y eficacia de la administración pública.
A partir de este antecedente, la comunidad que participó en este proceso puso de manifiesto la necesidad de que el CPC y el IAPQROO propongan el adecuado marco normativo que dé certeza de que se cumpla con la implementación del SPC, que haya voluntad política de los actores implicados para llevar a cabo las reformas pertinentes y, que el conjunto de normas que se aprueben tenga en cuenta al menos los siguientes principios básicos:
1. Se requiere abrogar la LSPC y realizar una Reforma Constitucional para incorporar el DERECHO HUMANO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA que asegure que los quintanarroenses estén protegidos en el ejercicio profesional del servicio público que reclaman para resolver sus problemas públicos.
2. Que se realice un Diagnóstico de Funcionalidad normativa de los sujetos obligados.
3. Que haya un equilibrio político y técnico en la determinación de quiénes y qué áreas son suceptibles de formar parte del SPC por nuestra legislación laboral burocrática.
4. Asegurar la profesionalización por cuerpos y no por puestos para asegurar el dominio de funciones por áreas técnico operativas de actividad.
5. Que exista un Modelo de Competencias de Desempeño.
6. Que se incluyan esquemas de dirección, toma de decisiones y control interno que aseguren la rotación de las personas, así como los esquemas de incentivos.
7. Que contemple la transversalización de la perspectiva de género y de personas vulnerables.
8. Que se cree una instancia autónoma del Estado como órgano garante del derecho humano a una buena administración pública y contemple medidas de apremio legales y sanciones pecuniarias a los sujetos obligados.
9. Que se cuente con mecanismos reales de evaluación del desempeño.
10. Que las personas servidoras públicas tengan un permanente contacto con la comunidad para estar conscientes de los problemas públicos de los ciudadanos.
11. Que sean tomados en cuenta quiénes ya laboran en el servicio público.
12. Considerar que la implementación del SPC será gradual y por subsistemas contemplados en las normas que se establezcan.
Estas propuestas serán entregadas por el CPC y el IAPQROO a la XVII Legislatura así como una serie de compromisos para iniciar con el proceso formal de actualización normativa del Servicio Público de Carrera en el Estado de Quintana Roo.
