PODER Y CRITICA | REDACCIÓN | El 16 de febrero del año pasado la diputada María Cristina Torres Gómez anunció su renuncia a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y su incorporación a la de Morena, en donde dijo sentirse “valorada y útil y en donde sí se toma en cuenta la capacidad de aportar”.
“Un cambio trae consigo decisiones fuertes y determinantes, llegar a este camino ha sido complicado (…) hoy me sumo a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, de Morena”, dijo.
Abundó en que su pretensión es incidir para poder transformar, y que el equipo del que forme parte valore sus capacidades para sumar y conseguir sus objetivos, en este caso “mejores leyes para Quintana Roo”.
La legisladora soñaba con ser nuevamente abanderada a la alcaldía de Solidaridad ahora bajo las siglas de Morena; todo quedó en un sueño y fue coordinadora de ese partido en la tierra que mal gobernó. Hoy quiere pasar la factura, quiere posiciones, quiere poder y pelea una Secretaría.
El desempeño de Torres Gómez fue de 45 iniciativas presentadas de las cuales solo15 fueron positivas lo que representa un 33% de productividad y solo tuvo dos inasistencias “justificadas”.
La neomorenista fue denunciada el pasado 24 de febrero ante el Ministerio Público, un día después de su salida de la bancada del PAN para pasarse a las filas de Morena y competir como precandidata para la alcaldía de Solidaridad, al no ser favorecida por su ahora ex partido que prefirió postular a la diputada Lili Campos.
Para la militancia de Morena el “oportunismo” de Cristina Torres cayó como balde de agua fría a quienes venían trabajando desde que se fundó el partido. El señor Jacob Samuel Sánchez Vázquez fue quien presentó la denuncia de hechos en contra de la diputada.
“Durante el periodo 2016-2018 en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en el que la C. Licenciada María Cristina Torres Gómez fue Presidenta Municipal Constitucional, se realizaron diversos hechos que posiblemente sean constitutivos de delitos”, señalaba la denuncia.
Sánchez Vázquez pedía a las autoridades ministeriales investigar las supuestas operaciones ilícitas entre el Ayuntamiento de Solidaridad en tiempos de Torres Gómez y por lo menos 17 empresas “fantasma” que recibieron recursos públicos facturados por 144 millones 724 mil 532 pesos.
El denunciante acusaba que la ex presidenta municipal presuntamente dio 40 millones de pesos a la empresa Cango Construcciones e Instalaciones, registrada 22 días antes de su toma de protesta.
En aquel entonces, se demostró que la proveedora del ayuntamiento, con domicilio calle Costa Rica y Av. Los Constituyentes, Manzana 9, Lote 01, SM 86, Fraccionamiento Mundo Hábitat, tenía como único cliente a la comuna.
“En los tres primeros meses de gobierno (de Cristina Torres), que fueron octubre, noviembre y diciembre del 2016, logró facturar 142 mil 538.40 pesos; en el 2017, compras superiores a los 20 millones 155 mil 508.73 pesos; y en el 2018, compras superiores a los 20 millones de pesos”, se asienta en la denuncia de hechos.
Durante la administración de la ex panista y ahora morenista fueron beneficiados corporativos de Chiapas, Tabasco y, principalmente, de Yucatán, expone Sánchez Vázquez.
Y enlistó las empresas fantasmas: Diplon; Ditrecsa; Kingsky; Alianza Retilih; Dekatech System; Administradora de Servicios Lubak; Constructora y Mantenimiento Serguan; Escala Planeación Estratégica Corporativa y Estructuras Internas de Negocios Sustentables.
Además, News Quintana Roo; Palja Soluciones Inmediatas; Servicio Camarillo; Takan Diseñando Ideas; Vigilancia y Limpieza Ward y Vigiservicios; Inmediatricxs e Implementación de Estructuras Funcionales Operativas.
“Al menos 17 Empresas eran Inexistentes y estaban en el padrón de prestadores de Servicios del Municipio de Solidaridad, las cuales exhibieron facturas sin validación del Sistema de Administración Tributaria SAT por presuntos servicios prestados al Municipio.
“Las erogaciones realizadas por presuntos servicios prestados al Ayuntamiento de Solidaridad, afectaron al erario municipal, en lo específico, el dinero que desde la federación es otorgado a los Municipios para ejercer de acuerdo a los fines u objetivos para los cuales fueron destinados, sin que exista evidencia o testimonio de los supuestos servicios o trabajos realizados. Lo anterior se desprende de la auditoría identificada como CM/DAF/RF/AUD-02/2019”.
En la misma acta de denuncia de hechos de Jacob Samuel Sánchez “en contra de quien o quienes resulten responsables y/o la C. María Cristina Torres Gómez”, se señala que los hechos descritos podrían ser considerados como delito.
“Y es posible que para obtener dichos beneficios económicos podrían haber participado varios ex servidores públicos de dicha administración que formaban parte del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios municipales”.
El denunciante demandó a las autoridades ministeriales obtener “datos de prueba” para la debida integración de la investigación que se realice para el esclarecimiento de los hechos.
Que a la Dirección de Auditoría Financiera del Municipio de Solidaridad se le solicite copia de todos y cada uno de los documentos, oficios y facturas descritos, señalados y contenido en el Informe de Auditoría Financiera identificada como CM/DAF/RF/AUD-02/2019.
Solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo información sobre las observaciones que en cumplimiento de su deber se hayan realizado con motivo de la revisión de las cuentas públicas ejercidas entre el 2016 y 2018 al Municipio de Solidaridad.
Y a otras instancias municipales correspondientes, se le solicite la documentación que respalde las actividades comerciales en el Municipio de Solidaridad con las empresas señaladas en el escrito de denuncia.
Además, pidió que se designara un perito en informática y archivos digitales para la obtención de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado, en el cual se observa la falta de comprobación de 27 millones 601 mil 913 pesos.
También solicitaba recabar la documentación necesaria por conducto del Síndico Municipal, en el caso de que se requiera satisfacer algún requisito de procedibilidad y que solamente a través de esa instancia se pueda obtener de forma legal.
El denunciante demandó que fueran citados a comparecer ante el Ministerio Público las personas mencionadas en el escrito (por presuntos actos de delito), con la finalidad de esclarecer los hechos señalados.
Sánchez Vázquez, en los términos de los artículos 211, 212 relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, planteó al Agente del Ministerio Público de la Federación, dar entrada a su denuncia e iniciar la Carpeta de Investigación.
“Tenerme por presentado y por mi propio derecho, interponiendo la DENUNCIA en la vía y forma propuesta, en contra de quien o quienes resulten responsables y/o la C. María Cristina Torres Gómez”.
Y remata la denuncia: “Realizada dicha investigación y determinando las responsabilidades correspondientes, restituir al Erario Municipal de Solidaridad el quebranto patrimonial sufrido”.
La denuncia nunca procedió, llegó el proceso electoral y el caso fue archivado. Sin embargo el estigma de corrupción quedó en su currículo política.
Cristina Torres Gómez es diputada plurinominal por el Distrito IX de Quintana Roo y se convirtió en la primer mujer Presidente Municipal de Solidaridad el 5 de junio del 2016 representando a la coalición UNE conformada por los partidos PAN y PRD.
Su gestión de 2016 al 2018 fue duramente cuestionada pues acusaba que no había progreso ante el gran endeudamiento herencia de pasadas administraciones.
Cristina saltó a la fama política cuando fue Directora Jurídica del Despacho del Ejecutivo de 1999-200; como Gerente General Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V. en Playa del Carmen, de 2002-2010 fue acusada de adjudicar terrenos a nombre de terceros para su beneficio.
Después de sumarse a las filas de Morena y coordinar la campaña en Playa del Carmen, ahora se dice artífice del triunfo que llevó a Mara Lezama a la Gubernatura, esta negociando, pide espacios, quiere uyna secretaría y la lista de posiciones importantes rebasan la docena. Su meta es nuevamente la alcaldía de Solidaridad. La traición y la corrupción son su sello.
