La disputa por la administración de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Mayapán se intensificó en Yucatán, donde comunidades mayas de Pisté y Telchaquillo exigieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al Patronato Cultur y a los gobiernos estatal y federal respeto a sus derechos territoriales, reactivación del diálogo y participación en la gestión del patrimonio.
En conferencia de prensa realizada en el Centro de Estudios Efraín Calderón Lara, Juan Pablo Euán, integrante del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, informó que continúan los recursos legales para recuperar el antiguo parador turístico de Chichén Itzá, que según denunciaron fue ocupado desde agosto por la Secretaría de Seguridad Pública para instalar una base permanente.
Los representantes mayas acusaron al INAH y a Cultur de afirmar públicamente que existen avances, cuando aseguran que no hay acuerdos. Cuestionaron directamente al director de Cultur, David Escalante, quien sostuvo que ya no hay problemas en Chichén Itzá.
«Es mentira. Es un verdadero mentiroso porque es otra cosa la que estamos viviendo hoy en día. Seguimos en esta lucha», advirtió Euán.
La principal inconformidad en Pisté es la construcción y operación del Centro de Atención a Visitantes (Catvi), que sustituyó el acceso tradicional a la zona arqueológica. Aseguran que no hubo consulta previa y que la nueva ruta obliga a caminar casi un kilómetro bajo el sol, lo que ha reducido drásticamente los ingresos de artesanos, guías, taxistas, mototaxistas y comerciantes. Según el colectivo, la afectación económica ya provoca deserción escolar y migración hacia Mérida y Cancún. Existe un amparo interpuesto el 26 de mayo ante el Juzgado Quinto de Distrito para solicitar la reapertura del parador, sin resolución a la fecha.
En el caso de Mayapán, Filiberto Martín Uc, presidente del Comisariado Ejidal de Telchaquillo, municipio de Tecoh, denunció que el INAH intentó obtener las tierras mediante una «expropiación convenida» que la comunidad rechazó.
«No creemos que la protección del patrimonio tenga que ser a costa de los derechos del pueblo que lo construyó», declaró.
Los ejidatarios exigen pago de retroactivos por más de 40 años de ocupación del sitio sin consentimiento, un informe de ingresos generados en ese periodo y un convenio de coadministración. Afirmaron que en diciembre de 2025 el Tribunal Unitario Agrario No. 34 otorgó una medida cautelar que prohíbe al INAH ejecutar el convenio de ocupación previa, pero que la expropiación no ha quedado formalmente suspendida por escrito.
Acusaron además que el INAH canceló una mesa de diálogo prevista para el 5 de junio y lleva tres meses sin responder la solicitud de reanudarla, y que se niega a firmar el convenio propuesto por la comunidad.
Las comunidades también denunciaron la criminalización de defensores como Gladis Uc Flores y Álvaro Mena, contra quienes el INAH presentó una denuncia penal por supuesta obstrucción de obra pública, y criticaron la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas por considerar que podría ampliar facultades del INAH sobre territorios comunitarios.
La zona arqueológica de Mayapán permanece cerrada desde el 7 de noviembre de 2023.
