Tabasco, 06 noviembre; poderycritica.-El pleno del Congreso tabasqueño reprobó la cuenta pública 2018 del ex gobernador, Arturo Núñez, por no comprobar el destino de 4 mil 392 millones 138 mil 904 pesos.
Esta es la segunda vez en la historia, que un Congreso local no avala la cuenta pública de un ex mandatario, siendo la primera vez en 2013, cuando la mayoría de diputados del PRD, no respaldaron el ejercicio fiscal 2012 de Andrés Granier Melo.
El dictamen de la cuenta 2018 de Núñez, fue reprobada sin mayor discusión con 30 votos a favor de Morena, PRI, PVEM y del perredista, Nelson Humberto Gallegos Vaca.
El coordinador del PRD, Agustín Silva Vidal, Ricardo Fitz Mendoza y Patricia Hernández Calderón, votaron en contra de la reprobación.
Las legisladores del partido amarillo, Dolores Gutiérrez Zurita y Elsy Lidia Izquierdo Morales, se abstuvieron.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rafael Elías Sánchez Cabrales, declaró reprobado el ejercicio 2018 del ex mandatario perredista.
«De conformidad con las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado por la LXIII legislatura el dictamen emitido por la Comisión Inspectora de Hacienda Primera, por el que no se aprobó la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2018».
Previamente, el diputado local de Morena, Braulio Escalante, fijó la postura de su bancada y refirió que la reprobación de la cuenta de Núñez no era un capricho, sino el deseo de los tabasqueños de que se acabe con la corrupción, porque en el gobierno pasado se hizo un uso inadecuado de los recursos públicos, pues de una muestra auditada de 10 mil millones de pesos, no solventó 4 mil 300 millones de pesos.
«Queremos enviar un mensaje claro, no hay ni habrá intocables, quien haya ejercido de manera incorrecta los recursos del pueblo, deberá asumir las consecuencias y resarcir el daño a la hacienda pública, el combate a la corrupción es en serio y no habrá ninguna forma en que ésta se detenga, sea del partido que sea, el pueblo votó por un cambio y estamos dispuestos a que ese cambio se realice, y el resultado de esta calificación da un mensaje claro y contundente (…) así que por mucho que crean que pueda ser una persecución, lo único que estamos persiguiendo es que se regrese lo que se llevaron, ¡basta de impunidad, no más corrupción!», expresó.
A su vez, el priista Nicolás Bellizia, señaló que en esta ocasión la cuenta de Núñez Jiménez fue reprobada por la presión social, sin embargo, dijo que esto no significa que el ex gobernador, sus ex colaboradores y su esposa, Martha Lilia López Aguilera, vayan a terminar en la cárcel, porque todo depende de la integración de los expedientes que haga el OSFE.
«Si no se actúa entenderemos que la no aprobación de la mencionada cuenta pública, solo fue una simulación. Que solo fue un elemento para que se diga que se está combatiendo la corrupción, pero que no se sancione y se meta a la cárcel a ninguno. Exigimos al OSFE, que no le tiemble la mano y actúe conforme a derecho y de manera imparcial. Estaremos vigilantes de su proceder, y si no actúa correctamente, actuaremos conforme lo marca la Ley. ¡Ya basta de contemplaciones y componendas! El pueblo de Tabasco clama justicia», aseveró.
Por su parte, el pevemista Carlos Mario Ramos, manifestó «que no se engañe a los tabasqueños pescando a los peces chicos, y se deje escapar a los tiburones».
«Para eso esta la Ley de Extinción de Dominio, para esa la podemos usar, que los que tengan culpa en esto (del mal uso de los recursos) no solamente paguen con la cárcel, sino que le sean confiscados sus bienes para resarcir el daño patrimonial que se le hizo a nuestro querido estado, porque la única forma de combatir la corrupción es no dejar perdón y olvido, y no alimentar el monstruo de mil cabezas que muchas veces se alimenta de la gestión gubernamental», expresó.
Los seis legisladores del PRD guardaron silencio, pues nadie subió a la tribuna a defender la cuenta pública de Núñez Jiménez.
Cabe destacar que tras la reprobación de este ejercicio fiscal, el ex gobernador y sus ex funcionarios tienen 120 días para entregar al OSFE la documentación que solvente los montos observados.
Después de ese periodo, el órgano fiscalizador tiene 30 días para determinar si inicia procesos administrativos o denuncias penales.