Washington, 10 de Octubre;poderycritica. (Notimex).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy a los países de la región, a abolir la pena capital e imponer una moratoria a su aplicación, en el marco del Día Internacional en Contra de la Pena de Muerte.
“El Hemisferio Occidental tiene una “larga tradición abolicionista”, indicó en un comunicado el organismo encargado de monitorear el respeto a los derechos en las Américas.
Recordó que Venezuela fue el primer país en el mundo en quitar la pena de muerte para en 1863, seguido en la región por Costa Rica en 1877.
Apuntó asimismo que en su evaluación sobre las implicaciones para los derechos humanos de la pena de muerte obligatoria, concluyó que ésta es incompatible con los derechos a la vida, el trato humano y el debido proceso.
Sin embargo, urgió a Barbados y Trinidad y Tobago a derogar ese castigo, como los últimos países en el Caribe donde aún se mantiene la pena de muerte.
La CIDH apuntó asimismo que Estados Unidos es el único país en el hemisferio que realiza ejecuciones en la actualidad.
Sin embargo, hizo notar que la aplicación de la pena capital ha disminuido, de 43 ejecuciones en 2012 a 39 el año pasado, mientras las ejecuciones se han recordado a la mitad en los últimos 10 años.
El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que en 1847 el estado de Michigan fue el primero en prohibir la pena de muerte y hasta el 2013 otros 17 y el Distrito de Columbia la habían abolido.
Destacó que Colorado, Delaware, Oregón y Nueva Hampshire “están cerca” de aprobar la prohibición del máximo castigo.
“La CIDH ha recibido información preocupante de numerosos defectos en la aplicación de la pena de muerte”, apuntó el organismo al referirse al monitoreo de la situación de derechos humanos en Estados Unidos.
Indicó que entre los problemas más recurrente se incluyen la discriminación racial, la violación al derecho de notificación y asistencia consular y la aplicación en personas con incapacidades mentales e intelectuales.
Así como condiciones de confinamiento solitario, defectos en las prácticas de inyección letal y la asistencia ineficaz de abogados designados por las cortes
