La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, remitió al Congreso local la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, propuesta legislativa que busca establecer un tope legal al incremento de los arrendamientos habitacionales en la capital y fija sanciones económicas para los propietarios que sobrepasen los límites permitidos.
El proyecto de ley estipula de forma obligatoria que el aumento anual en el cobro del alquiler no podrá rebasar la tasa de inflación anual reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al año inmediato anterior, restricción que aplicará incluso en los casos en que se registre un cambio de inquilino.
Sanciones y prórroga automática de contratos
La iniciativa incluye un régimen sancionador e instrumentos de protección jurídica para los arrendatarios en caso de cobros indebidos:
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Multas a propietarios: Quienes fijen montos de alquiler por encima del límite inflacionario autorizado podrán ser acreedores a sanciones administrativas que van de 100 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
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Mecanismo de prórroga obligatoria: Si el arrendador exige un monto no autorizado al renovar, el inquilino tendrá la facultad de pagar la suma anterior ajustada únicamente con el índice inflacionario del INEGI (vía directa o por consignación judicial). Con esta acción, el contrato se entenderá prorrogado automáticamente por un año adicional.
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Devolución de excedentes: Las personas inquilinas mantendrán el derecho de exigir la restitución de cualquier monto pagado en exceso respecto al límite legal.
Registro digital, nueva Defensoría y gabinete ante desalojos
Para asegurar la operatividad y supervisión del nuevo marco regulatorio, el proyecto contempla la creación de nuevas instancias e instrumentos administrativos:
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Registro Digital de Contratos: La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) administrará una plataforma en la que los propietarios deberán inscribir de manera obligatoria cada contrato habitacional, detallando identidad de las partes, ubicación, superficie, precio y garantías. La entrega del comprobante de registro al inquilino será indispensable.
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Defensoría de las Relaciones Inquilinarias: Unidad adscrita a la Procuraduría Social encargada de asesorar a los usuarios, vigilar la continuidad de precios entre contratos consecutivos y ejecutar las sanciones correspondientes.
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Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos: Presidido por la Secretaría de Gobierno, este órgano coordinará intervenciones en casos de vulnerabilidad o riesgo social para promover mediaciones y conciliaciones antes de la ejecución de lanzamientos o desalojos.
Con esta propuesta, el Gobierno de la Ciudad de México busca poner un freno a la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible dentro del territorio capitalino.
