México, 15 de Diciembre; poderycritica.- Más allá del daño en la imagen por el posible conflicto de interés entre miembros del gabinete presidencial, como el secretario de Hacienda, por haber adquirido una casa de un contratista del Gobierno quien le financió la compra, las decisiones de inversión del sector privado podrían verse afectadas ante la pérdida de credibilidad del marco regulatorio de México.
Expertos consultados comentaron que estos sucesos envían señales negativas para los inversionistas nacionales y extranjeros ya que aunque los grandes capitales llegan a países complejos, con altos niveles de violencia o corrupción, la inversión se vuelve más costosa y puede ser de menor calidad.
“Cuando los inversionistas llegan a un sistema débil se adaptan, pero cobran el riesgo. Lo que está de fondo es que digan que está complicado invertir en México y eso sí le puede pegar a la economía”, advirtió en entrevista Max Kaiser, asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales.
De acuerdo con un documento de la Coparmex, el sector privado representa más del 80% de la actividad económica total. Mientras que la inversión privada es un catalizador para el desarrollo porque tiene el potencial de generar empleo, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones.
Si la falta de certeza jurídica de un contrato con el Gobierno o una licitación genera dudas entre los inversionistas, estos pueden preguntarse si necesitan un vínculo concreto con algún actor del sector público, o si basta con su capacidad tecnológica y de inversión.
“La inversión se vuelve más costosa porque tienes que asumir un riesgo país mayor, invertir en salvaguardas o un equipo de abogados para asegurarte de que la inversión se mantendrá, eso la vuelve más costosa y al país no le conviene”, dijo el director de la organización Transparencia México, Eduardo Bohorquez.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, negó el viernes pasado que exista conflicto de interés por haber adquirido en 2012 una vivienda construida por una empresa perteneciente al Grupo Higa, contratista del Gobierno, que además le dio financiameinto para la operación.
“Cuando el Estado contrata a la mejor empresa para un proyecto promueve el crecimiento económico y el desarrollo, pero cuando lo hace solo por un vínculo político no lo genera y eso lo ven todos los inversionistas (…) Las inversiones llegan a naciones con gran complejidad, pero llegan sin sus mejores productos, tecnología o servicios y cobran extra por el riesgo”, agregó Kaiser.
La directora de México Evalúa, Edna Jaime, dijo que el problema es la vinculación entre miembros del equipo presidencial y este grupo empresarial, lo cual siembra dudas pese a que la explicación de Videgaray parezca plausible.
“Abona a un ambiente en el que en el país no hay mecanismo de control y transparencia suficientes que garanticen que no haya conflictos de interés”.
