PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La estela de corrupción que Mauricio Vila Dosal dejó a su paso como Gobernador de Yucatán y que pinta para actos de impunidad, revelan un pacto entre el panista y la cúpula de Morena, de lo contrario el ahora Senador tendría más de 5 demandas por peculado y malversación de recursos públicos, Mau Vila se ‘amparó’ entregando el estado a la oposición.
El 27 de agosto de 2024 ya como senador electo Mauricio Villa «reafirmó su compromiso con el PAN» y dijo que no votaría a favor de las reformas propuestas Morena: “No, no me veo en Morena, yo me veo en el PAN como me he visto desde hace 22 años. Decirles que yo platico con muchos actores políticos, pues la política es eso, es platicar, es dialogar, pero siempre muy firme en nuestras convicciones”, destacó.
“El que crean que porque tuve una buena relación con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) al cual le agradezco mucho, pues todo el trabajo que hicimos juntos en Yucatán, pues eso implica que uno se va a cambiar de partido político». aseguró.
“Soy militante del PAN desde hace más de 20 años. El PAN me ha dado la oportunidad de ser diputado local, alcalde de Mérida, gobernador y ahora senador, y yo voy a estar en la bancada del PAN, defendiendo los ideales, los principios del Partido Acción Nacional y sobre todo también por las promesas de campaña del PAN”, dijo en esa fecha.
Pero para el 28 noviembre del mismo año, Vila Dosal, justificó su voto junto con Morena y aliados para aprobar la reforma constitucional que considera a la extorsión, el tráfico de fentanilo y a las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En un mensaje difundido en redes sociales, el ex gobernador yucateco posteó lo siguiente: “Ayer durante la sesión del Senado de la República, voté a favor de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, respetando el compromiso que firmé hace unos meses junto con las y los Gobernadores de la CONAGO_oficial, dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, argumentó.
“Esta reforma fortalece la seguridad de las familias mexicanas al ampliar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los delitos de extorsión, tráfico de drogas sintéticas, fentanilo, derivados y contrabando”, añadió.
El dictamen recibió 94 votos a favor y 34 en contra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación. La bancada del PAN fijó su postura sobre el tema y dijo estar a favor de la figura de la prisión preventiva, siempre y cuando sea justificada y se encuentren elementos para garantizar la aplicación de la justicia: “No podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de denuncias anónimas”, pronunció.
Pero para los yucatecos el apoyo de Mauricio a los morenistas evidenció que la corrupción que estableció con amigos y aliados políticos quedarán impunes, paradójicamente, esos temas fueron dos puntos en los cuales Vila Dosal puso énfasis al asumir la gubernatura yucateca, el 1 de octubre de 2018.
“Voy a encabezar un gobierno eficiente, transparente, respetuoso de la ley, pero, sobre todo, enemigo de la corrupción y la impunidad”, declaró en su toma de posesión, en el teatro José Peón Contreras y ante representantes de los demás Poderes.
Sin embargo el pasado 4 de marzo de este año el Gobierno de Yucatán informó que durante la gestión Vila Dosal (2018-2024), detectó una serie de actos de corrupción en el Registro Civil con la presunta participación de funcionarios públicos para la expedición de cientos de actas apócrifas de nacimiento, matrimonio y defunción por lo que interpondrían dos denuncias: penal ante la Fiscalía General de Justicia y administrativa en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General.
En un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo –que preside el morenista Joaquín Huacho Díaz Mena- advirtió que los servidores públicos implicados en este delito y que todavía estén laborando en el actual Gobierno, incurrieron en faltas graves de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas que pueden derivar en sanciones penales y administrativas como destituciones, inhabilitaciones o sanciones económicas.
Se destacó que entre las irregularidades encontradas están el uso indebido de cuentas de usuarios inhabilitados del Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID), actas apócrifas, expedición de actas sin facultades legales, falsificación de documentos oficiales, falta de integración de la documentación requerida y posible daño patrimonial o afectación a terceros.
De acuerdo con la información, en el edificio central del Registro Civil se observaron inicios de sesión irregulares en el registro de movimientos y también del histórico de inicio de Sesión de Cuentas del Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID).
“Al revisar dicho registro se advirtieron cuentas de usuarios que fueron inhabilitadas o creadas sin consentimiento, detectando una vía común entre el uso de estas cuentas, siendo los dispositivos de cómputo asignados al departamento de Informática del Registro Civil”, precisó el comunicado.
Otro tema de corrupción es el sistema de transporte Va y Ven, que buscaba modernizar el transporte público y ofrecer un servicio de calidad, se convirtió en un negocio para unos cuantos y no el servicio esperado para los yucatecos. En el informe que rindió el director de la Agencia del Transporte de Yucatán en el Congreso del Estado salió a relucir el déficit existente de 1,857 millones de pesos que arrastra el sistema de transporte Va y Ven que lo convierte en “insostenible financieramente”.
Jacinto Sosa Novelo habló de “irresponsabilidad, prisas políticas e improvisaciones”. Es lamentable para los meridanos y yucatecos que las grandes obras de los gobiernos se queden inconclusas, tarden en construirse con costos elevados, sean inadecuadas al final o el derroche, el mal manejo de las finanzas y las deudas las lleven al fracaso.
Sobre el tema, el gobierno de Mauricio Vila firmó un contrato para pagar un total de $22.200,000 por la renta por 15 años del predio donde se construyó el Centro de Transporte Modal (Cetram) Norte”. Es más, horas después del nuevo gobierno, Rafael Hernández Kotasek, todavía al frente de la ATY, firmó con Nicxa Inmobiliaria un contrato de hipoteca del tablaje 1911 por un crédito de $64,655,000 con Banorte. La ATY se compromete a pagar $1.637,931.30 al mes durante 15 años. Al año son $19,655,175,60. El gobierno pagará casi 295 millones de pesos durante 180 meses.
Los empresarios que subarrendaron el terreno son amigos de Mauricio Vila: Emilio Alberto Loret de Mola Gómory y Ana Gabriela Cejudo Valencia, ésta fue funcionaria con Ivonne Ortega y asesora de Comunicación Institucional en el gobierno de Vila.
Según lo anunciado, hay una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de un funcionario. Pero es necesario que ante este atraco descomunal y multimillonario surjan más denuncias y las autoridades investiguen y deslinden responsabilidades.
Los yucatecos también aseguran que existieron actos de corrupción y tráfico de influencias La construcción del Estadio Sostenible de Yucatán (ESY) anunciado por Vila Dosal y el director operativo de la firma Juego de Pelota Inc., José Antonio Téllez, a finales de agosto del 2021, era un proyecto de inversión privada que representaba una derrama económica de miles de millones de pesos y la generación de 4,000 empleos durante su edificación y 1,000 para su operación en los terrenos que pertenecieron a la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, en el norte de Mérida.
Más que un pendiente, la obra es hoy una promesa que no se concretó. En medio de una intensa campaña de promoción de las autoridades, vecinos de la zona se opusieron a los trabajos. El Ejecutivo terminó por ‘vender’ el terreno al gobierno federal, que construyó en él las oficinas del Tren Maya. La operación fue poco transparente y casi fue un regalo a la Sedena con el aval de AMLO.
La ampliación y modernización del puerto de altura de Progreso, que se retrasó por una negativa del gobierno federal a la firma del acuerdo de cesión parcial de derechos al gobierno del Estado. Previamente, el Congreso del Estado aprobó la contratación de un endeudamiento de hasta 3 mil 63 millones de pesos para ampliar la infraestructura portuaria. El dinero no se pudo utilizar por la falta de la firma del citado acuerdo, es otro de los reproches del pueblo que aún pesan sobre Mauricio Vila y su traición al PAN.
Mauricio Vila dejó el Poder Ejecutivo yucateco con el estigma de que su partido, Acción Nacional, perdió las elecciones de la gubernatura, del Congreso local y varios ayuntamientos en municipios de importancia estratégica. Fue la culminación de un proceso en el cual hubo señalamientos por la actitud del gobernador, principalmente por presuntos roces con Renán Barrera Concha, quien a fin de cuentas fue el candidato a gobernador.
Mauricio Vila Dosal ha sido considerado como uno de los gobernadores más corruptos de Yucatán, al mismo nivel que la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. El ex mandatario encabezó la mafia inmobiliaria e hizo una gran fortuna a través del cobro de moches en obra pública, además de darle entrada a grupos de la delincuencia organizada y adquirió una deuda de más de 7 mil 500 millones de pesos.
Vila Dosal, vinculado a múltiples actos de corrupción durante su gobierno, se ha separado del cargo en más de tres ocasiones en un periodo de 10 meses y una más le fue negada, cuando solicitó licencia para irse de viaje a Australia, en abril pasado. La primera ocasión en la cual se separó del cargo, fue en noviembre, luego hizo lo propio en junio y ahora en agosto, que será la más larga, supuestamente para ir a estudiar a Harvard.
