Cancún, Q. Roo, 15 junio, poder&crítica.- El Gobierno de Quintana Roo busca recuperar los predios que fueron vendidos por el ex gobernador Roberto Borge, entre ellos al menos 25 ubicados en las reservas naturales del Estado, que motivaron la orden de aprehensión con la que fue detenido en Panamá.
El actual mandatario, Carlos Joaquín González, envió una iniciativa al Congreso local en la que propone sustituir al Instituto del Patrimonio Estatal (Ipae) para ampliar sus facultades y certeza jurídica de ese órgano, utilizado por Borge para operaciones inmobiliarias ilícitas.
La Administración propone al Congreso una nueva figura denominada Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, que estará a cargo de los muebles e inmuebles y derechos de éstos que le sean asignados.
En la iniciativa de decreto en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo se establece en el artículo 59 que la nueva Agencia vigilará el uso de los inmuebles donados por la entidad, y en su caso, proceder a ejercer el derecho de reversión sobre los mismos.
La propuesta será analizada este jueves en sesión extraordinaria y abre la posibilidad de que asociaciones público-privadas desarrollen proyectos con inmuebles que son propiedad del Estado.
Borge está involucrado en operaciones inmobiliarias ilícitas, además de la compra-venta, a precios subvaluados en las que están vinculados su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla; Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario metalúrgico; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Corpogas y socio de gasolineras en Cancún, y Jorge Luis Cárdenas Bazán.
Entre los predios vendidos por Borge se encuentran 60 por ciento de las reservas naturales de Puerto Morelos y 52 por ciento de las de Playa del Carmen, así como 36 por ciento de las localizadas en Cancún.
En agosto de 2016 el organismo no gubernamental Somos tus Ojos solicitó un juicio político contra el ex mandatario por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios patrimonio del Estado, causando un quebranto al erario de mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
La Administración de Carlos Joaquín retomó las denuncias y señaló que se trata de 95 millones de metros cuadrados del patrimonio de Quintana Roo, equivalentes a la superficie de la zona hotelera de Cancún, multiplicada por seis.
