Por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, fueron demandados por la vía penal el edil de Cárdenas, Avenamar Pérez Acosta y su director de administración, Abraham Rosique Acosta, quienes a través de empresas fantasmas desfalcaron al erario con más de 50 millones de pesos.
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local, Francisco Castillo Ramírez, quien acompañado por los representantes de la organización denominada ‘Autodefensa Ciudadana Cardenense’, Santiago Wilson Pérez, Alberto de León Pedroza y Julián Roque Alonso, dio a conocer una investigación donde se reveló que desde el 2012 se viene fraguando entre funcionarios municipales y un proveedor la forma fraudulenta en la que operarían durante la actual administración para desviar recursos públicos.
‘Mal uso de funciones’
El diputado panista afirmó que el edil Pérez Acosta y su director de Administración han hecho mal uso de sus funciones y se han coludido para autorizar un sinnúmero de contratos al supuesto proveedor Constantino Yzquierdo Broca, dueño de la empresa ‘Comercializadora, Constructora y Servicios, S.A de C.V.’ y a cinco de sus familiares cercanos, quienes de la noche a la mañana se convirtieron en proveedores del Ayuntamiento, aún sin contar con empresas establecidas legalmente y que sólo fueron creadas ex profeso para saquear las arcas.
Explicó que el primero en convertirse en proveedor de la alcaldía de Cárdenas fue Constantino Yzquierdo Broca, quien en el 2009 se dio de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como una pequeña empresa para brindar los servicios de impresiones, pero en agosto del 2012 después del triunfo de Avenamar, pasó a ser constructora.
Pero lo más grave es que al mismo tiempo sus hermanos, Luis Arturo y María Isabel Yzquierdo Broca; su mama María Broca Brito; su cuñada Silvia Pérez Hernández, y su tía Carmen Palma Rodríguez, se convirtieron en proveedores de diversos rubros.
En un video presentado se muestra como la mayoría de los domicilios fiscales de las empresas o comercializadoras que pertenecen a la familia de Constantino Yz quierdo no existen, o bien solo casas particulares, en las que no hay pistas que hayan sido en algún momento constructoras o maquiladoras de uniformes.
“Es una red de funcionarios públicos y familiares de estos funcionarios públicos, que convertidos en proveedores del ayuntamiento de obras y servicios, se han encargado de atracar el erario público de Cárdenas. Esto es una pequeña muestra de lo que está sucediendo.
Hemos detectado una red de proveedores integrados por la familia de un proveedor inicial”, acusó.
Y agregó: “Esta red es un podredumbre, se está pudriendo el Ayuntamiento con tanta corrupción que existe, evidentemente encabezada por el edil Avenamar Pérez Acosta, quien tiene como principal eje operador al que es director de Administración, Abraham Rosique, quien está operando el gran fraude”.
Además de una caja con los respectivos expedientes que dan prueba del desfalco millonario, el diputado del PAN exhibió uniformes policiacos que son de baja calidad y que son adquiridos a precios inflados, los cuales se suman a un video con evidencias confesionales, inspección ministerial, documentales (contratos, fotografías, y resumen de proveedores) e informe al Servicio de Administración Tributaria.
Después de la denuncia pública, Francisco Castillo presentó ante la PGJ (averiguación previa DGI-298/2014) y PGR (averiguación previa PGR- Vhsa/tab-II-550/2014) demandas penales por los delitos de Asociación Delictuosa, Peculado, Enriquecimiento Ilicito, Actos Simulados, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Coalición de Servidores Públicos y Falsificación de Documentos.
No pasará su cuenta pública OSF
El presidente de la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda, Luis Rodrigo Marín Figueroa, afirmó que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) detectó irregularidades suficientes para reprobar la cuenta pública del municipio de Cárdenas.
“Se han detectado irregularidades sobre sueldos superior a los tabuladores que están autorizados; irregularidades en licitaciones públicas; sospecha que familiares del Ayuntamiento se encuentran laborando al interior, entre otras muchas que si no son solventadas, pues estaremos en la penosa necesidad de evaluar esta cuenta pública como reprobada”, indicó.
