Yucatan, 16 de Enero; poderycritica.- El PRI mantiene firmes las precandidaturas de cuatro ex alcaldes para otros tantos municipios, en los comicios de junio, pese al rechazo de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a sus cuentas y, en el caso de uno, a la denuncia penal en su contra por presunto desvío de recursos y peculado.
Esta posición contrasta con las declaraciones del presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, el lunes, quien dijo que su partido “sólo postulará candidatos con conducta personal intachable y prestigiosa”.
En el caso de Yucatan, los reprobados por la ASEY son Luis Fernely Polanco Tun, de Calotmul; Roger Cimé Mis, de Chankom, y Luis Alberto Echeverría Montero, de Huhí, en tanto el precandidato en Chichimilá, Francisco Medina Martín, enfrenta una investigación de la PGR.
Polanco Tun ha sido dos veces alcalde de Calotmul. La primera en el periodo 2001-2004 y luego en 2010-2012.
Ya lo sabían
El 22 de septiembre, el Congreso del Estado emitió un decreto, que aprobaron todos los diputados del PRI y del PRD y PVEM, que acepta el dictamen negativo de la ASEY a las cuentas de 2012 del ahora precandidato.
En ese decreto, el Congreso instruye a la ASEY “a continuar con los procedimientos de responsabilidades administrativas o penales” contra los funcionarios de Calotmul y de otros lugares en situación similar, “por irregularidades detectadas en la revisión de sus cuentas y que no han sido solventadas de conformidad con las disposiciones aplicables”.
La ASEY habría reprobado las cuentas de Polanco Tun, entre otros motivos, por obras atrasadas o no realizadas, financiadas con recursos de la Sedesol federal y por cuantiosos gastos sin comprobar.
Pese a los requerimientos de la Auditoría Superior para que solvente las irregularidades, Polanco nunca lo hizo y, no obstante, el PRI lo postuló de nuevo como candidato.
Durante su gestión en 2001-2004, vecinos de Calotmul lo acusaron de manejar los programas de Progresa y Procampo a su conveniencia, igual que los apoyos repartidos en el huracán “Isidoro”.
Dinastía
Otro caso parecido es el Roger Cimé Mis, de Chankom, a quien ahora el PRI postula por tercera ocasión como alcalde. Antes lo fue de 2004 a 2007 y de 2010 a 2012. En este periodo la ASEY emitió dictamen negativo a sus cuentas correspondientes a 2011 y dictamen con salvedad a las de 2012, es decir, que tienen irregularidades relevantes.
Cimé Mis, además, fue presidente del concejo municipal que funcionó en esa localidad de julio a noviembre de 2001. En esa ocasión, como ya publicamos, la entonces Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), antecesora de la ASEY, lo acusó del desvío de $1.313,654.28.
También fungió como tesorero municipal en la gestión 2001-2004, presidida por su primo Benjamín Cimé Ek, con quien se ha alternado la presidencia en los últimos 20 años. Benjamín es el actual alcalde de Chankom y antes lo fue en 1995-1998, 2001-2004 y 2007-2010.
En 2003, cuando Roger era el tesorero y Benjamín el presidente, la CMH emitió un dictamen negativo a sus cuentas de ese año, pero nada pasó.
Otro caso que llama la atención es el de Luis Alberto Echeverría Montero, precandidato en Huhí y ex alcalde en 2004-2007 y 2010-2012. En ambos periodos, la CMH y la ASEY rechazaron sus cuentas. En el primero, la Contaduría Mayor lo demandó penalmente por presunto desvío de recursos. En la segunda, la ASEY detectó deudas injustificadas por casi $3 millones a proveedores, la desaparición de vehículos oficiales y fallas en la pavimentación de calles.
En 2014, la ASEY emitió dictamen negativo a sus cuentas de 2012 y con salvedad a las de 2011.
No obstante, Echeverría Montero dejó la alcaldía de Huhí sin problemas y se incorporó a la delegación de la Sedatu, como director de Vivienda.
Denuncia
Respecto a Francisco Medina Martín, de Chichimilá, éste enfrenta problemas no sólo con la ASEY sino con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que lo demandó penalmente. Medina fue alcalde entre 2010-2012 y sus cuentas de 2011 y 2012 recibieron dictámenes con salvedad, es decir, que aún no aclara las anomalías detectadas en la auditoría a su gestión.
En noviembre de 2013, la ASF lo denunció penalmente por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos por $3.4 millones, cometidos en 2011 en la construcción de pozos de absorción financiados con recursos federales.
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