La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló de manera formal la notificación roja emitida en contra de la conductora Inés Gómez Mont y de su cónyuge, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, desactivando los mecanismos de rastreo y localización internacional vigentes en más de 190 países desde el año 2021.
La baja de los expedientes se hizo efectiva el pasado 25 de septiembre por determinación del comité especializado de la Interpol, con sede en Lyon, Francia. El fallo derivó de un recurso promovido por la defensa legal, argumentando una presunta motivación política en el proceso originado en México, lo cual contraviene el artículo 3 del estatuto de dicho organismo, además de señalar el riesgo de una detención arbitraria mediante la prisión preventiva oficiosa.
Mantenimiento de órdenes de aprehensión y postura de la FGR
A pesar del fallo en la esfera internacional, el Gobierno Federal y las autoridades de procuración de justicia confirmaron que los mandatamientos judiciales en territorio mexicano permanecen vigentes:
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Postura del Ejecutivo federal: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la resolución durante su conferencia matutina, señalando que el Gobierno de México exigirá una explicación detallada a la Interpol respecto a las consideraciones técnicas que fundamentaron la cancelación del expediente.
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Acciones de la FGR: La Fiscalía General de la República (FGR) alista un recurso para solicitar la reactivación de las fichas internacionales. Asimismo, confirmó que las órdenes de aprehensión radicadas ante juzgados federales continúan activas, por lo que ambos implicados mantienen la condición de prófugos de la justicia en suelo nacional.
Imputaciones y esquema financiero investigado
La causa penal iniciada por la FGR radica en la presunta participación de la pareja en un esquema de triangulación de recursos del erario público:
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Delitos imputados: Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y peculado.
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Monto bajo investigación: Un presunto desvío cercano a los 3 mil millones de pesos, asociado a adjudicaciones e irregularidades en contratos para la adquisición de equipamiento en centros de readaptación social.
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Modus operandi: El uso de empresas fachada para la simulación de servicios, dispersión de fondos públicos y evasión fiscal.
