PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La reciente aprobación de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados detonó un fuerte rechazo entre organizaciones campesinas y transportistas, que advierten posibles protestas masivas e incluso el bloqueo de la Ciudad de México en los próximos días.
El pleno avaló la reforma en lo general con apoyo de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y MC votaron en contra. Aunque el debate en lo particular continúa, se prevé que se aprueben más de 50 modificaciones relacionadas con plazos, multas y procedimientos administrativos.
Protestas y acusaciones de traición
Los cambios legislativos provocaron la inconformidad de productores agrícolas, quienes acusaron a la mayoría oficialista de “traicionarlos” y de impulsar un dictamen sin escuchar al campo. Advirtieron que endurecerán sus protestas y no descartan trasladar sus movilizaciones a la capital e incluso al Senado.
Ante la posibilidad de que los diputados aprobaran el proyecto por la vía rápida, cientos de campesinos se instalaron desde la mañana del martes en los accesos de San Lázaro con tractores y camiones. Pese a ello, el proceso legislativo continuó en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
La ruta legislativa: del fast track al pleno
Originalmente, el dictamen se votaría en comisiones este miércoles y llegaría al pleno hasta el jueves. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, convocó a una reunión extraordinaria para solicitar que el documento se discutiera como “de urgente resolución”.
¿Qué plantea la reforma?
La nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales establecen medidas más estrictas para regular el recurso, incluyendo:
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Multas de hasta 4.5 millones de pesos y penas de hasta 8 años de prisión para quien ceda, comercialice o cambie el uso del agua concesionada.
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Regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico.
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Definición de responsabilidades de autoridades federales, estatales y municipales en acceso, disposición y saneamiento del agua.
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Catálogo de delitos vinculados al uso indebido del recurso.
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Prohibición expresa de transferir derechos de concesiones o asignaciones.
Las sanciones oscilan entre 244 mil y 3.3 millones de pesos, pero pueden aumentar hasta 4.5 millones en casos de reincidencia y derivar en la revocación del título.
Posturas encontradas en el pleno
Durante la discusión, los partidos intercambiaron acusaciones. Morena exhibió pancartas contra la oposición por presuntos actos de corrupción, mientras que PRI, PAN y MC señalaron que la reforma criminaliza al campo y debilita los derechos de los productores.
El PVEM defendió el dictamen señalando que se introdujeron 54 modificaciones para atender inquietudes de agricultores, destacando que la reforma combate el acaparamiento, impulsa el tratamiento de aguas residuales y amplía plazos de renovación de concesiones.
Por el contrario, el PAN aseguró que la iniciativa busca centralizar el control del agua. “Esta reforma es peligrosa, recaudatoria y dañina para millones de mexicanos”, afirmó el diputado Paulo Gonzalo Martínez.
