En un hecho considerado histórico para la protección infantil, el Congreso del Estado de Campeche aprobó la reforma para blindar a niñas, niños y adolescentes contra el reclutamiento por parte del crimen organizado.
Con la iniciativa, Campeche se suma a los estados como Jalisco y Puebla que ya legislaron en la materia en 2026, y da cumplimiento a la estrategia nacional impulsada por la Federación. La ley establece un marco integral de prevención, detección, atención y restitución de derechos.
La reforma reconoce el derecho de los menores a vivir en paz y sin riesgo de ser captados, utilizados o instrumentalizados para cometer delitos, incorporarse a asociaciones delictuosas o facilitar operaciones criminales, cualquiera que sea el medio empleado, incluidos entornos digitales como redes sociales, videojuegos en línea, chats privados y servicios de mensajería.
De acuerdo con la exposición de motivos, la captación ocurre con engaños, falsas ofertas de empleo, coacción, amenazas o promesas de pertenencia, iniciando con conductas como halconeo o mensajería y escalando a delitos graves. A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia estima que cerca de 30 mil menores son enganchados al año, mientras en Puebla se calculan entre 11 mil y 19 mil 600 en riesgo.
La nueva ley obliga a autoridades estatales y municipales a:
- Generar campañas preventivas y espacios seguros
- Crear un sistema de información para identificar zonas de riesgo y focalizar acciones
- Delinear protocolos de salvaguarda, acompañamiento jurídico, psicológico y atención médica
- Garantizar desvinculación segura, recuperación y reintegración familiar, educativa y comunitaria, evitando revictimización
- Coordinar con sector turístico y de hospedaje para prevenir trata y explotación
Además, contempla sancionar como modalidad agravada de trata cuando el enganche de menores de 18 años se realice por medios digitales, sin beneficios de libertad anticipada ni reclasificación a delitos menores.
Con la aprobación, Campeche busca pasar de la preocupación a la acción jurídica y enviar el mensaje de que reclutar a un menor no es solo un delito de seguridad, sino una forma moderna de esclavitud que será castigada hasta con 20 años de prisión según la reforma federal avalada en marzo de 2026.
