México, 24 Enero; poderycritica.- La senadora Cristina Díaz Salazar dio a conocer que presentó una iniciativa para imponer de dos a ocho años de prisión a quien oculte información o asiente hechos falsos que afecten de manera grave el patrimonio o los intereses de la Secretaría de Salud.
La presidenta de la Comisión de Gobernación afirmó que a pesar de los avances en el manejo de las nuevas tecnologías, en México todavía no se cuenta con «un verdadero sistema nacional de información» en esta materia.
Lo que existe, agregó, es una serie de subsistemas desconectados en su estructura y procesos, que generan pocos datos sobre salud positiva, productividad, riesgos y desempeño.
Ademas, agregó, el esquema actual no está completamente articulado con el aparato administrativo de las instituciones de salud y es incompleto en la recolección de información del sector privado.
La desvinculación entre las necesidades de información de los usuarios y los productos que genera el modelo, indicó, reditúa en insatisfacción, poca confiabilidad y el desarrollo de sistemas de información paralelos en las instituciones estatales de salud.
Además, destacó, existe una problemática en la captación de información por parte de los integrantes del actual Sistema Nacional de Información en Salud, pues «se han conocido situaciones en las que se puede presumir que se oculta información o que se asientan hechos falsos en los formatos de captación de información que define la Secretaría de Salud».
Esto, advirtió la representante del PRI, afecta de manera grave la veracidad, integridad, validez y en general la calidad de la información en el rubro de la salud, que tiene como fin principal la toma de decisiones para proporcionar servicios de calidad a la población.
Por ello, agregó, es indispensable tipificar en un artículo 469 BIS de la Ley General en Salud este tipo de conductas y establecer que «a quien por cualquier medio oculte información para la salud o asiente como ciertos hechos falsos, que pudiera resultar en una afectación grave al patrimonio o los intereses de la Secretaría de Salud, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal».
Además, planteó que si quien comete este delito es un profesional de la salud, técnico o auxiliar, es necesario que la pena aumente hasta en una mitad más.
