Bolivia, 20 noviembre; poderycritica.-Un proyecto de “decreto supremo” para elegir vocales electorales y convocar a comicios, y dos más para las Fuerzas Armadas, uno para eximirlas de responsabilidad penal y otro para otorgarles cerca de cinco millones de dólares, son pruebas de que el ímpetu está sustituyendo hoy a la política en Bolivia.
Todas las acciones están siendo impulsadas desde un solo poder, el Ejecutivo, y con las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor. El Poder Legislativo, con dos terceras partes de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), que registró la candidatura de Evo Morales, simplemente navega sobre las acciones que el propio gobierno transitorio precipitó.
Esto ocurre mientras en la jornada, en esta capital, hubo caos y enormes filas, hasta de 700 personas, para comprar productos alimenticios y cargar combustibles.
La precipitación y la impericia política empiezan a marcar al gobierno transitorio de Áñez, mientras ya van 26 muertos y más de 700 heridos, todos civiles.
Si el MAS de Morales está conforme con mantener el conflicto en las calles de La Paz, El Alto y Cochabamba, el gobierno transitorio de Áñez está cómodo con el uso de la fuerza, según sus propios “decretos supremos”.
Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que calificó como “grave” el decreto número 4078, que exime de cualquier responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas cuando éstas utilicen la violencia.
La precipitación y el revanchismo político del gobierno transitorio, de este gabinete que jura cumplir su labor con el pulgar y el índice cruzados, lo están llevando a una carrera contrarreloj y sin puentes de negociación.
Cuando el grupo que ahora ostenta el poder en Bolivia fundamentó su Presidencia transitoria en el fraude de Morales, inició la persecución del expresidente y varios de sus funcionarios, en lugar de haber empezado una negociación con éstos y sus dos terceras partes de la Asamblea Legislativa.
El grupo político que ostenta el Poder Ejecutivo en Bolivia primero pensó en cómo tomar la Presidencia con la Biblia en la mano e integrar un gabinete, que en tender los puentes de negociación.
Así el gobierno de Áñez precipitó su propia carrera contra el tiempo, aún cuando tenía en sus manos las ventajas del informe de la OEA y el apoyo del Ejército para negociar con el MAS.
Ahora están escribiendo un “decreto supremo” para nombrar a los vocales del Instituto Electoral y convocar a las elecciones, sin la mínima participación política de una Asamblea Legislativa que continúa siendo mayoritariamente masista.
El gobierno de Áñez tiene hasta el 20 de enero para abastecer a la población de Bolivia de productos básicos e hidrocarburos, emitir decretos, elegir vocales electorales, convocar a elecciones y organizar los comicios, solamente con las fuerzas armadas. Sin diputados ni senadores.
Y si negocia el regreso de Morales, aunque éste no esté en la boleta, el expresidente, con todo lo que significa todavía en Bolivia, podrá apoyar a alguno de los candidatos.
