PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo, conocida como SEBIEN, se encuentra bajo escrutinio público debido a un cúmulo de señalamientos relacionados con la entrega de contratos y el manejo de recursos destinados a programas sociales, bajo la gestión de Alberto Ignacio Perera Medina, quien asumió como encargado de despacho en julio de 2026, la dependencia coordina y dispersa diversos apoyos directos a sectores vulnerables de la población.
Estos señalamientos de corrupción se centran en posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas con vínculos cercanos y en la administración de millonarios pagos sociales; la oferta institucional de la SEBIEN incluye varios programas clave.
El más destacado es Comemos Todas y Todos, el programa insignia del estado, este proporciona una tarjeta electrónica con un apoyo económico de mil cuatrocientos noventa pesos bimestrales para la adquisición de la canasta básica, el cual alterna mensualmente con la entrega directa de paquetes alimentarios en especie por hogar, su meta operativa contempla la atención a sesenta mil familias quintanarroenses.
Complementan esta estructura la Red de Unidades del Bienestar, que opera clínicas y espacios de atención comunitaria con consultas médicas gratuitas, medicamentos del cuadro básico y exámenes de laboratorio; las Caravanas del Bienestar, unidades móviles que recorren comunidades apartadas para ofrecer servicios gubernamentales gratuitos, trámites, actas de nacimiento y atención médica especializada; el Impulso Social y Económico Artesanas del Bienestar junto con FARO del Bienestar, que entregan apoyos económicos y en especie a personas en situación de vulnerabilidad dedicadas a artes u oficios tradicionales con el fin de fortalecer la producción económica local; Conecta Quintana Roo, orientado a subsidios y facilidades para garantizar la conectividad digital y el acceso a internet en zonas de alta marginación social; y la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, gestionada y cofinanciada en convenio con el Gobierno Federal para personas con discapacidad en la entidad, toda una estructura clientelar y populista que ya se activo para las próximas elecciones del 2027.
Para el ejercicio fiscal actual, la Secretaría de Bienestar de Quintana Roo cuenta con un presupuesto total autorizado de $1,706,802,468.00 de pesos (mil setecientos seis millones ochocientos dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos), según la notificación oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación emitida bajo el Decreto 198 del Presupuesto de Egresos del Estado.
De esta suma, Perera Medina manejas a su antojo $864,986,152.00 (ochocientos sesenta y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y dos pesos) gestionados directamente para la operación local y el gasto corriente ya que corresponden a recursos no etiquetados de origen estatal.
Otros $632,083,200.00 (seiscientos treinta y dos millones ochenta y tres mil doscientos pesos) se destinan a subsidios y ayudas sociales en el Capítulo 4000, destinados específicamente a financiar programas como Comemos Todas y Todos, es decir, en más de 200 millones supera la burocracio el gasto para regalar un poco más de 600 millones de pesos.
Las percepciones negativas y los señalamientos que rodean a Perera Medina y a la dependencia que dirige se atribuyen principalmente a factores políticos y operativos; al frente de la SEBIEN y con antecedentes como director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, el funcionario administró los programas de mayor presupuesto del estado a los que sectores de la oposición política y críticos acusan que estos estos apoyos masivos son clientelares o diseñados con fines electorales.
En años previos, la SEBIEN de Quintana Roo ya había estado bajo el ojo público por casos aislados de corrupción interna. Se documentaron y denunciaron instancias en las que funcionarias de la secretaría, con sueldos elevados, se inscribieron ilegalmente como beneficiarias de los programas de apoyo alimentario.
Aunque estos casos fueron sancionados por la Contraloría del Estado, generaron un clima de desconfianza generalizada hacia los directivos de la institución; y para calmar los reclamos contra la corrupción, oficialmente, Perera Medina preside el Comité de Control y Desempeño Institucional de la secretaría, órgano enfocado en la fiscalización, la prevención de riesgos administrativos y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Los señalamientos de posibles irregularidades se concentran en varias áreas de operación, una de las principales es el suministro y la logística alimentaria, a través de contratos destinados a la adquisición, armado y distribución de los paquetes alimentarios en especie del programa Comemos Todas y Todos.
También se señalan convenios y contratos con instituciones bancarias o de servicios financieros para la dispersión y el fondeo de las tarjetas electrónicas de apoyo económico bimestral. En el rubro de insumos médicos y clínicos aparecen contratos de proveeduría para abastecer de medicamentos del cuadro básico, reactivos de laboratorio y equipo médico a la Red de Unidades del Bienestar.
Asimismo, se mencionan procesos vinculados a la infraestructura social bajo los fondos FISMDF y FISE, que incluyen licitaciones públicas y contratos de obra pública en modalidades de licitación pública estatal e invitación restringida para el desarrollo de espacios comunitarios y las denominadas Obras del Bienestar.
Antes de asumir la titularidad de la SEBIEN en julio de 2026, Alberto Ignacio Perera Medina se desempeñó como Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo. Durante su gestión en ese organismo y como titular y revisor técnico, participó activamente en la evaluación y dictaminación de las grandes licitaciones públicas para los programas alimentarios.
El proceso de adjudicación institucional más relevante en el que intervino operativamente fue la Licitación Pública Nacional de Despensas del programa Comemos Todas y Todos, en ella fungió como la autoridad técnica encargada de llevar a cabo la evaluación, verificación de propuestas y validación de cualidades técnicas y económicas de las empresas concursantes.
El fallo del contrato fue adjudicado a la empresa Productos Serel S.A. de C.V., una de las principales proveedoras de alimentos a nivel nacional para el sector público. El objeto del contrato consistió en el suministro, armado, logística y distribución de los paquetes alimentarios en especie para abastecer de manera masiva el padrón de beneficiarios en los once municipios del estado.
Las asignaciones anuales promedio para el fondeo y operación de este programa alimentario específico rondan entre cuatrocientos y seiscientos millones de pesos, financiados a través del Capítulo 4000 de ayudas sociales autorizado en el Paquete Fiscal del estado.
Hasta el momento, los señalamientos en torno a la gestión de Perera Medina son por la magnitud de los recursos manejados, el carácter masivo de los programas y la sensibilidad social de los apoyos alimentarios y de bienestar mantienen a la secretaría en el centro de la atención pública y del debate político en Quintana Roo con miras a las elecciones venideras del 2027.
