Cancún, Q. Roo, jueves 15 de julio de 2021, poderycrítica.- Las detenciones y aplicación de sanciones por parte de las autoridades municipales a quienes se resistan a utilizar correctamente el cubrebocas no son anticonstitucionales, pues son medidas basadas en un Estado de Derecho Supremo, como salvaguardar la salud y la vida, dijo el Presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Héctor Sarti Pérez.
Entrevistado sobre si esas medidas en municipios como Benito Juárez (Cancún), Tulum y Othón P. Blanco (Chetumal) , están apegadas al marco legal, recordó que la pandemia, decretada el 30 de marzo de 2020, trajo una serie de políticas públicas para mitigar el virus, como sana distancia y señalar actividades prioritarias, entre otras.
El propio Consejo de Salubridad General delegó a los estados adoptar medidas a su interior para evitar la propagación del virus.
En el caso de Benito Juárez, el 23 de julio pasado se anexó a la fracción segunda del artículo 137 del Bando de Gobierno y Policía la facultad a los agentes de realizar detenciones y poner a un juez cívico aquellos que no usen el cubrebocas correctamente.
“No es ilegal, pues aquí se aplica un derecho humano supremo que es la salud y vida. Estas medidas adoptadas son precisamente para salvaguardar a los habitantes y los turistas”, dijo al noticiero de RCA.
El abogado señaló que esta es una regla de convivencia, responsabilidad y civismo, pues como humanos somos seres sociales, vivimos en un marco jurídico, con normas dentro de la sociedad, y en este caso no puede solaparse a aquellas personas que con acciones irresponsables propagan un virus.
“En nuestro caso al ser una entidad que depende de la actividad turística, recibimos visitantes de todo el mundo, y en consecuencia estamos más expuestos, por lo que es necesario extremar precauciones. En Guanajuato y Sinaloa se aplicaron las mismas medidas y dieron buenos resultados”, ejemplificó.
Sarti Pérez reiteró que la medida no es violatoria de los derechos humanos, pues está basada en un ordenamiento legal, y en lo que sí se podría dar es en la forma de la detención.
“Si después de una invitación a usar el cubrebocas, la persona se niega, entonces es legal proceder con un arresto de 36 horas y una multa de mil 500 a mil 800 pesos.
“No hay ninguna violación a los derechos humanos, y hasta pueden interponer un amparo, pero siempre se hará valer una afectación a terceros. Es una cuestión de cultura”, explicó el jurista.
