El Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la alcaldesa morenista Rosa María Hernández Espejo, presentó el domingo 19 de octubre denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.
Grupo MAS, filial de la española Acciona que recibió en 2015 la concesión del agua potable y saneamiento para Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, opera como empresa mixta con participación de los ayuntamientos.
La alcaldesa señaló dos hechos principales:
1. Intento de cobro injustificado a usuarios: Grupo MAS pretendía que el ayuntamiento realizara cobros por 2,660 millones de pesos a 82,264 usuarios, por conceptos de adeudos, multas, recargos y «consumos no facturados» (más de 656 mdp de ese monto). El Instituto Metropolitano del Agua (IMA) rechazó la cartera por inconsistencias, falta de fundamentación, problemas de prescripción y antigüedad. Al no estar demostrados, se configuraría fraude en tentativa.
2. Pagos a empresas vinculadas y sueldos excesivos: La denuncia señala pagos por 176.7 millones de pesos en 2024-2025 a empresas del propio Grupo Acciona por servicios no contemplados en el título de concesión (préstamos internos y supuestos servicios), y salarios de directivos no autorizados por los socios municipales.
La alcaldesa detalló que gerente de Operaciones, director General y gerente Comercial perciben hasta 5.8 millones anuales (según oficio, uno solo gana mensualmente más que la Presidenta de la República, la gobernadora Rocío Nahle y la alcaldesa juntas). Esos sueldos superan los avalados por ley y no fueron aprobados por los ayuntamientos socios.
A través de la Dirección de Asuntos Legales, el municipio pidió peritajes contables y financieros, revisión de contratos, información fiscal, y que se tomen en cuenta auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que ya detectó irregularidades graves, con quejas constantes por desabasto.
«Este gobierno no permitirá afectaciones al patrimonio municipal ni abusos contra las y los usuarios. No claudicaremos», afirmó Hernández Espejo, quien pidió que de acreditarse delitos se ejerza acción penal.
La concesión de Grupo MAS ha sido cuestionada desde su origen por calidad del servicio y costos.
