McAllen, Texas / Culiacán, Sin., 14 de mayo de 2026.- El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Medina, originario de Veracruz, fue detenido la mañana del martes por agentes de la DEA y el FBI en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos en un vuelo privado procedente de Culiacán. La Fiscalía del Distrito Sur de Texas confirmó que existe una acusación sellada desde marzo por conspiración para introducir fentanilo, lavado de dinero y uso de cargo público para facilitar operaciones del Cártel del Pacífico.
De acuerdo con el documento judicial 4:26-cr-00219, Medina, de 47 años, habría recibido pagos mensuales de una célula delictiva a cambio de alertar sobre operativos, liberar caminos y colocar a mandos afines en la Policía Estatal. La acusación señala tres reuniones en 2024 y 2025 en Mazatlán y Tijuana con intermediarios que ya colaboran con el Departamento de Justicia. También se le imputa la compra de dos inmuebles en San Antonio por 1.8 millones de dólares mediante una empresa fachada registrada en Delaware.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 11:40 horas y que solicitó a la FGR atraer el caso. “Si se confirman los hechos, se actuó a espaldas del Estado. La seguridad de Sinaloa no puede estar en duda”, declaró en conferencia. El gabinete de seguridad estatal sesionó de emergencia y nombró como encargado de despacho al subsecretario de Operaciones, Óscar Guinto Marmolejo.
La detención ocurrió sin incidentes. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional indicaron que Medina viajaba con pasaporte diplomático y que su nombre aparecía en la lista de alertas migratorias desde el 28 de abril. Vestía de civil y no portaba armas. Tras su captura fue trasladado al Centro de Detención Federal de Houston, donde tendrá audiencia inicial el viernes ante la jueza Marina García Marmolejo.
La DEA señaló que la investigación inició en 2023 tras el aseguramiento de 420 kilos de fentanilo en Nogales, Arizona, vinculados a un grupo que operaba con protección de policías estatales. Mensajes encriptados y testimonios de dos detenidos en 2025 llevaron a la acusación contra el funcionario. La pena máxima por los cargos suma cadena perpetua más 50 años.
El gobierno de Veracruz informó que colabora con la FGR para revisar el expediente del funcionario, quien fue director de la Fuerza Civil veracruzana entre 2019 y 2021 antes de asumir en Sinaloa en diciembre de 2022. La FGR abrió la carpeta FED/SIN/CLN/0001823/2026 para indagar delitos del fuero federal en México.
La embajada de Estados Unidos reiteró que la cooperación antidrogas se rige por el Entendimiento Bicentenario y que no habrá más comentarios hasta la audiencia. El Congreso de Sinaloa citó a comparecer al secretario general de Gobierno para el lunes.
