Los bloqueos y tomas de instalaciones petroleras en Tabasco crecieron 38% en el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, aun con la inversión social de 2,800 millones de pesos ejercida por Pemex y el gobierno federal en comunidades de la región, reveló la Secretaría para el Desarrollo Energético (Sedener).
Entre enero y abril se registraron 47 cierres de accesos a baterías, pozos y oficinas en Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Paraíso. El más prolongado ocurrió del 8 al 14 de abril en el Activo Samaria-Luna, donde pobladores de la ranchería Plátano y Cacao exigieron pavimentación de 7 kilómetros y pago de afectaciones agrícolas. La protesta detuvo 12 mil barriles diarios, equivalentes a 22.8 millones de pesos en pérdidas, según datos de Pemex Exploración y Producción.
Demandas y programas
Líderes comunitarios reclaman que los recursos del Programa de Apoyo a Comunidades y Medio Ambiente, que suma 2,800 mdp desde 2023, no se traducen en obras visibles ni empleos. “Vemos el dinero en lonas, no en la calle”, dijo Ramiro Pérez, delegado de la ranchería El Carmen, Cárdenas. Sedener reporta 340 obras: aulas, caminos cosecheros, clínicas y proyectos productivos, pero reconoce retrasos de hasta 11 meses en 60 de ellas por ajustes presupuestales y licitaciones desiertas.
Impacto operativo
Pemex informó que los bloqueos han diferido 1.1 millones de barriles de producción en 2026 y obligado a activar 18 planes de emergencia con la Guardia Nacional. La Asociación de Contratistas Petroleros estima 9,200 empleos indirectos afectados por paros en transporte y mantenimiento.
Respuesta institucional
El gobierno estatal instaló el lunes una mesa de atención en Cárdenas con Segob, Pemex y 22 delegados municipales. Se acordó publicar un padrón único de obras, agilizar pagos de 340 expedientes de afectaciones y abrir 500 plazas temporales para desazolve de drenes en junio. Las partes volverán a reunirse el viernes 25 para evaluar avances.
Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco pidió blindar la actividad energética y mejorar la transparencia en la aplicación de los recursos sociales para evitar que los conflictos escalen en la temporada de lluvias.
