Según cuatro organizaciones no gubernamentales, al menos 11 personas murieron el lunes en Venezuela durante las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del domingo, una cifra que casi duplica la inicialmente reportada por Foro Penal, que defiende a los presos políticos en el país.
De estas víctimas, cinco fueron «asesinadas» en Caracas, dos en el estado Zulia (noroeste), dos en Yaracuy (oeste), una en Aragua (norte) y otra en Táchira (oeste). Entre los fallecidos se encontraban dos menores de edad, de 15 y 16 años, según informaron Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea y Laboratorio de Paz en una conferencia de prensa.
Desde este lunes, ha habido múltiples protestas en Caracas y buena parte del país en rechazo a los resultados brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -que otorga una victoria al mandatario Nicolás Maduro-, acciones respondidas, en algunos casos, con represión por parte de cuerpos policiales y militares.
Las ONG, que exigieron una investigación, dijeron estar «preocupadas enormemente» por «el uso de armas de fuego en estas manifestaciones».
Por otra parte, Foro Penal indicó que, hasta las 15:00 hora local (19:00 GMT) de este martes, computó 177 detenciones, la mayoría en Caracas, con 38; seguido del estado Barinas (oeste), con 27; y Zulia, con 19.
El medio EFE constató que este martes continuaron las detenciones, durante enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de seguridad, poco después de finalizar una concentración de la oposición mayoritaria en Caracas a la que acudieron miles de personas.
La coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, dijo que registraron un total de 210 «protestas espontáneas» en «todo el país», lo que fue respondido -denunció- con «una actuación represiva por parte del Estado venezolano».
En este sentido, señaló que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de «colectivos armados vinculados al Estado», generaron «una ola represiva», por lo que exigió el respeto al derecho a la manifestación pacífica.
La oposición mayoritaria señala estas manifestaciones como «expresiones espontáneas y legítimas», mientras que el Gobierno las tacha de «criminales» y «terroristas», a la vez que denuncia un golpe de Estado «fraguado nuevamente» por «factores fascistas de derecha extremista».
El Ministerio Público (MP, Fiscalía), que investiga un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición mayoritaria para adulterar los resultados electorales, contabiliza 749 detenciones.
Por: EFE
