Poder y Crítica | Redacción | Diversas asociaciones civiles a nivel nacional recolectaron más de siete mil firmas a través de una plataforma de internet, pronunciandose en contra de la despenalización del aborto, para presentarlas junto a una carta a los congresos locales, incluido al de Quintana Roo.
Así fue anunciado hoy en rueda de prensa por Estephanie Torres, presidente de la “Coalición de Líderes Provida”; Roxanna Torres, presidenta de “Resistencia Provida”; Christian Aranda, del “Frente Nacional por la Familia”, entre otros representantes de esta coalición.
La recolección y entrega de firmas se hizo en reacción al anuncio de un “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro” convocado por grupos en favor de la despenalización de esta medida y que toma lugar hoy.
Los activistas señalaron en rueda de prensa que es falso hablar de un aborto seguro, pues, aunque éste sea realizado en una clínica, siempre existirá un alto riesgo para la mujer, además de terminar con la vida del feto. Tampoco es gratuito, porque es costeado por el Estado, con dinero de los impuestos, lo que implica menos recursos para otras áreas, además de pagarse con la vida de un ser vivo.
Por lo anterior, aseveraron que necesitan leyes que verdaderamente protejan a la mujer, psicológica y económicamente, pues es más fácil para los políticos permitirles que aborten, en lugar de sacarlas de situación de vulnerabilidad.
Estephanie Torres señaló que ellos defienden el derecho del futuro bebé a su vida y a una familia, criticando que la sociedad haya llegado al punto de requerirle a una mujer matar a su propio hijo para llegar un nivel de vida deseado.
Estos grupos en contra de la despenalización del aborto todavía no han tenido un acercamiento oficial con los diputados de la XVII Legislatura, que todavía están instalándose, pero esperan pronto reunirse con ellos y presentarles las evidencias con las que cuentan.
Lamentó que a ellos se les descalifique al decir que actúan por fe o creencia, cuando tienen bases médicas y jurídicas para su postura.
“Asesinar a una persona no es un derecho”, declaró la activista.
En cuanto a la despenalización de facto en Quintana Roo, por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presentes señalan que estas determinaciones son obligatorias para las instancias jurisdiccionales, pero no para el Poder Legislativo, por lo que los diputados no tienen por qué legislar en el sentido de este fallo.
