Chetumal, Q. Roo, martes 18 de mayo de 2021, poderycrítica. – La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó reformas y adiciones al Código Penal para el Estado, en materia de robo agravado en su modalidad de saqueo, mediante las cuales se establece cárcel de 6 meses a 4 años y multas a quienes utilicen medios de comunicación para convocar, organizar, coordinar, promover, compartir o difundir información que propicie la realización de saqueos.
El dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 145 Bis y se adiciona el artículo 145 Quáter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, respecto del delito de robo agravado, en su modalidad de saqueo; fue aprobado por las diputadas y los diputados del Congreso del Estado.
El objetivo de las modificaciones es el de inhibir conductas delictivas que cometen quienes se aprovechan de la inoperatividad de los diferentes establecimientos, al existir suspensión de actividades por circunstancias extraordinarias, como las medidas de distanciamiento social y confinamiento ocasionadas por la pandemia del COVID19.
En la sesión ordinaria número 28, se dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; donde propone que las iniciativas solo se turnen a no más de dos comisiones, para agilizar su estudio y análisis.
Por otra parte, se envió a comisiones una iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 28 y se deroga el artículo 30 y la fracción IV del artículo 31, todos de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo; que propone ampliar el rango de acción y atención de dicho instituto y se brinde a un mayor número de personas, los servicios de defensa jurídica y asistencia legal.
También se analizará en comisiones una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XI del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; la cual busca establecer más mecanismos de transparencia en el uso de los recursos públicos.
