PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La presidenta con licencia del Ayuntamiento de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, busca la nominación como defensora de la Transformación en medio de señalamientos de corrupción en la entrega de contratos municipales y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por malversación de recursos, sus aspiraciones son por instrucciones de Jorge Emilio González Martínez, ‘El Niño Verde’ quien la mandó de relleno y como un Plan B de ‘La Mafia Verde’ sin embargo ninguno de sus tres candidatos remonta el marcador.
La trayectoria política de Ana Paty está marcada por su vinculación con la estructura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), desde su juventud es se ha señalado por todo tipo de excesos y en últimas fechas por la rede corrupción que encabeza su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y su compadre Cristóbal Gaudiano Rovirosa ya que el Ayuntamiento actualmente destina un presupuesto de 200 millones de pesos al arrendamiento de “unidades inteligentes”; se ha dicho sin especificar de unas 60 y 70 patrullas equipadas con cámaras internas, reconocimiento facial, lectores de placas y computadoras de alto rendimiento
El financiamiento proviene del Fondo de Derecho de Saneamiento Ambiental y según ha dicho la propia Peralta, el costo mensual ronda los 10 millones de pesos, lo que equivale a unos 160 mil pesos mensuales por unidad. La empresa proveedora absorbería, según el argumento oficial, todos los costos de mantenimiento mecánico, reparaciones y blindaje tecnológico.
Sin embargo, la opacidad rodea el contrato: el nombre de la empresa se mantiene en reserva. Cuando medios le preguntaron directamente, Ana Paty evitó dar las siglas, alegando no tener el dato a la mano ya que pagos alternos de refacciones y mantenimiento realizados por el Ayuntamiento contradicen la versión de que la empresa absorbe la totalidad de esos costos.
Este esquema no es nuevo, en años anteriores, empresas como Grupo Empresarial Urfisa recibieron contratos por 52.2 millones de pesos para proveer y equipar patrullas. Lease and Fleet Solutions obtuvo contratos de renta de flotillas policiales por hasta 250 millones de pesos.
Grupo Empresarial Urfisa, S.A. de C.V., tiene como accionistas principales a Farough Fatemi Corcuera y Bernardo Uriegas Corcuera, con domicilio fiscal en San Pedro Garza García, Nuevo León. Lease and Fleet Solutions, S.A. de C.V., está liderada por el Dr. Luis Montaño, asociado a redes como Lumo Financiera del Centro, señalada de lavado de dinero para estructuras del Verde.
En licitaciones y auditorías de Quintana Roo y Tabasco, los apoderados legales firmantes han sido José Vicente Villanueva Miranda y Abel Carlos Martínez Uribe, con domicilios en Naucalpan de Juárez, Estado de México, identificados como operadores de los intereses de esa red en ambos estados.
La llegada de Ana Paty a la contiende para descarrilar los resultados que hasta ahora benefician al fundador de Morena, Rafael Marín Mollinedo se suma la guerra sucia y uso del TEQROO como instrumento de persecución política.
Cristóbal Gaudiano se ha desempeñado en Cancún como empresario en el sector de la publicidad, diseño y marketing político a través de su agencia Masticando Ideas, pero siempre en las sombras del poder, en diciembre de 2017 fue citado a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el marco de indagatorias del ámbito estatal relacionadas con el caso del exgobernador Roberto Borge, pero no por un esquema de negocios municipales junto a Lastra Abreu, el esposo incómodo de Ana Paty.
Pero el turbio pasado de Ana Paty no es la única preocupación de ‘La Mafia Verde’, en la contienda interna por la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación, las encuestas han mostrado un rezago de los candidatos del Verde, los análisis difundidos indican que “La Mafia Verde” respondió con ataques a las bases de Morena y contra fundadores del movimiento, utilizando al Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) para emitir medidas cautelares principalmente contra Rafael Marín Mollinedo. Las bases morenistas han criticado como que todo es para descarrilar un proyecto que crece ante el rechazo popular a las estructuras verdes.
Desde la cúpula de Morena y Palacio Nacional se observa que los operadores del PVEM no respetaron las reglas de cero golpes bajos entre compañeros ni la prohibición de usar instituciones de gobierno para obtener ventaja. El uso del tribunal se interpreta no como demostración de poder, sino como reflejo de miedo y falta de apoyo real de una ciudadanía cansada del saqueo y la corrupción que se considera inocultable.
Ana Paty Peralta enfrenta un escenario polarizado. Se le acusa de destinar recursos del Ayuntamiento a eventos de imagen y propaganda, de prácticas de “acarreo” con camiones y transporte colectivo, y de obligar a personal municipal a apoyar en redes y mítines.
Sectores ciudadanos denuncian que se priorizó la propaganda sobre necesidades urgentes como bacheo, recolección de basura e inseguridad. Tras el rechazo, cambió de estrategia hacia caminatas casa por casa y asambleas, pero en cada puerta encuentra resistencia. Su gira por el sur del estado (Othón P. Blanco y Bacalar) generó fricciones con grupos locales de Morena que le acusan falta de arraigo.
Por otra parte, Renán Sánchez Tajonar, líder estatal de ‘La Mafia Verde’ y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso local, enfrenta la preocupación de que sus candidatos no levantan y las bases morenistas los rechazan.
Su labor se centra en el control legislativo, el crecimiento del padrón de 11 mil a más de 70 mil afiliados, según cifras del partido y la subordinación de espacios de Morena a los intereses verdes, pero en la realidad la captación de militantes de Morena ha fracasado de manera constante.
Como líder de la XVIII Legislatura, utiliza la agenda del Congreso para impulsar reformas con bandera ambientalista como el maltrato animal y crematorios que sirven de propaganda, mientras bloquea o posterga iniciativas que resten control a su cúpula.
Ha promovido cambios que eliminan el pase automático a regidurías plurinominales para debilitar a minorías opositoras. Despliega “Casas de Gestión” en Cozumel y otras zonas que, según analistas locales, operan como bases electorales donde se condicionan apoyos a cambio de afiliación o respaldo a la “Familia Verde”.
Sánchez Tajonar materializa en el terreno los pactos decididos desde la cúpula nacional por González Martínez, presionando por las candidaturas más relevantes Cancún y Puerto Morelos y desplazando a fundadores de la Cuarta Transformación.
Pero las bases morenistas ya se dieron cuenta de la estrategia de la ‘Mafia Verde’ de enviar tres candidatos contra un fundador, ante ello el tema de la corrupción y de turbias alianzas de sus cuerpos policiacos con el crimen organizado que mantienen en zozobra Cancún, el principal destino turístico del estado, amenazan los planes de los verdes de perpetuarse en el poder, por eso ni Tajonar ni Ana Paty representan un obstáculo contra la fuerza y el arrastre de Rafael Marín Mollinedo.
“La Mafia Verde” muestra signos de desesperación, la figura de quienes encabezan el “Rescate del Movimiento”, con Rafael Marín Mollinedo como referente, crece de manera exponencial. El obradorismo sigue ganando terreno en Quintana Roo. El rechazo popular a las estructuras verdes, las acusaciones de corrupción en contratos y el uso de instituciones para golpear a rivales internos dibujan un panorama en el que el peso de la historia política amenaza con arrastrar a Peralta y a sus aliados al basurero de la memoria colectiva del estado.
Los datos aquí presentados reúnen las acusaciones, señalamientos y análisis circulantes. La ciudadanía, las instituciones de fiscalización y los órganos electorales tendrán la última palabra sobre su veracidad y consecuencias.
