PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Una demanda colectiva presentada por dieciocho estados de Estados Unidos, junto con la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia, desafía la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.
Los fiscales generales de los estados demandantes califican la iniciativa como un “intento flagrantemente ilegal” que pone en riesgo la nacionalidad de cientos de miles de niños nacidos en suelo estadounidense.
La orden, firmada por Trump el día siguiente de asumir su segundo mandato, estipula que a partir del próximo mes las agencias federales dejarán de reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuyas familias no cuenten con un estatus migratorio regular o se encuentren en el país con visas temporales. Este cambio afectaría a los niños nacidos de padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes.
Los fiscales generales de los estados demandantes, liderados por procuradores demócratas, sostienen que la medida vulnera la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país. De acuerdo con los demandantes, Trump no tiene la autoridad para modificar por decreto un principio constitucional tan fundamental.
“Este intento de modificar la ciudadanía por nacimiento es una violación directa de nuestra Constitución”, declaró Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey.
En una línea similar, Letitia James, fiscal general de Nueva York, enfatizó que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es un pilar de la justicia y la equidad en EE. UU., surgido tras la abolición de la esclavitud
