Guatemala, 11 Junio; poderycritica.- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) decidió este miércoles dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el presidente, Otto Pérez, por su supuesta participación en casos de corrupción, y pidió al Congreso evaluar si le retira la inmunidad.
«Se remitió al Congreso la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez», dijo en conferencia de prensa el presidente de la CSJ, Josué Baquiax, tras acoger la petición hecha por el diputado opositor Amílcar Pop del partido Winaq, fundado por la indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
Según Baquiax, los 13 magistrados analizaron «con independencia e imparcialidad la solicitud planteada» por el congresista quien argumentó que el presidente conocía de las operaciones ilícitas de altos funcionarios que cometieron fraudes en el sistema de aduanas y el seguro social.
Ahora le corresponderá al Congreso designar una comisión pesquisidora «que establecerá si el señor Otto Fernando Pérez Molina tuvo o no participación en los hechos que se describen en la solicitud de antejuicio», explicó el presidente de la CSJ.
El pasado 16 de abril, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de la red de sobornos en las aduanas que se estima obtuvo ganancias por montos millonarios aún sin precisar.
Según la investigación, una red de altos funcionarios en el sistema tributario cobraba sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos, supuestamente al mando del ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se vio obligada a renunciar el pasado 8 de mayo.
El pasado 20 de mayo otro episodio de corrupción salió a la luz pública al ser arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el presidente del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano al presidente Pérez, acusados de un fraude de unos 15 millones de dólares contra el IGSS.
Ambos casos han desatado protestas masivas que piden la renuncia de Pérez para que se someta a la justicia, sin embargo el mandatario ha reiterado en varias oportunidades que no lo hará y concluirá su periodo de cuatro años el 14 de enero de 2016.
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