Poder y Crítica | Redacción | Rafael Hernández Kotasek, llegó al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) a replicar las prácticas administrativas que le redituaron jugosas ganancias en la Agencia del Transporte de Yucatán y que pronto serán anunciadas por el gobierno de la Cuarta Transformación a donde llegó como muchos militantes de otros partidos buscando refugio, protección e impunidad por su pasado de corrupción.
El pasado 14 de los corrientes trascendió que la reunión que sostuvo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) Jorge Mendoza Sánchez, donde se abordaron temas en materia de movilidad «que permitan avanzar por un transporte público más justo y con mejor infraestructura».
Rafael Hernández Kotasek, ya conoce el caminito de estos menesteres para solicitar préstamos «para eficientar el transporte urbano en sus diversas modalidades»; según los antecedentes para el Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven de Yucatán durante su administración recibió $974 millones como apoyo federal no recuperable del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que administra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en los años 2020, 2022 y 2023.
Según el Fonadin, el Va y Ven acumulaba una inversión total de 4,387.8 millones de pesos (mdp) en solo esos tres años, de los cuales el 22.2% fueron tres apoyos federales autorizados a fondo perdido por un monto global de 974 mdp. O sea, los restantes 3,413.8 mdp serían créditos de Banobras al gobierno estatal o al sector privado del transporte.
En su reporte, el Fonadin precisa que la cifra de inversión total es la estimada al momento de autorizarse un proyecto y puede cambiar por varios factores.
A Yucatán, detalla el Fonadin, ya se le autorizó tres proyectos para el Va y Ven: de 1,460.7 mdp para la etapa 1 en 2020, de 2,117.1 mdp para la fase 2 en 2022 y de 810 mdp para la ampliación en 2023, con apoyos perdidos de 311, 385 y 278 mdp, respectivamente.
Por otra parte, en los últimos dos años de la administración del gobernador Mauricio Vila y con Kotasek, la Agencia de Transporte recibió un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos.
De acuerdo a las cifras de la Agencia de Movilidad, tan solo el año pasado, él Va y Ven movilizó a 80 millones de pasajeros, es decir, 39 veces la población entera de Yucatán. De estos, 5 millones 600 mil fueron viajes gratuitos de personas con alguna discapacidad o de la tercera edad y 14 millones 400 mil fueron con tarifa preferencial de 5 pesos. Es decir, 60 millones de personas pagaron la tarifa general de 12 pesos.
En otras palabras, el año 2024 el Va y Ven en sus diferentes rutas tuvo ganancias por la suma de 244 millones 800 mil pesos, un ingreso promedio de 670 mil 684 pesos por día, un gran negocio para Koptasek y Mauricio Vila, quien lo decretó un como autónomo ese organismo y su titular estaría en el cargo 15 años, a menos que el titular renuncie o bien que el Congreso del Estado revierta el decreto del Poder Ejecutivo, absoluta opacidad y protección oficial.
Ahora, con la llegada de Hernández Kotasek, el pasado 28 de enero, diputados de Quintana Roo aprobaron en sesión extraordinaria reformar los artículos 107 Bis, 162 Bis, 182 y 185 bis del Código Penal, y 112, 130, 175, 176 de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, donde se aseguró que “no habrá tolerancia ni impunidad para quienes, en el ejercicio del transporte, atenten contra la vida, seguridad y bienestar de los usuarios”; sean habitantes de la entidad o turistas.
Con dichas reformas, se establecen nuevas disposiciones para suspender o cancelar licencias, permisos y concesiones de transporte, así como la imposición de penas más severas en caso de delitos como homicidio, daños y lesiones relacionados con el servicio, lo que para los concesionarios es visto como un gran foco de corrupción para el nuevo director y la Cuarta Transformación.
Con la adición del Artículo 107 Bis, ahora las penas por el delito de homicidio y lesiones pueden aumentar hasta un 50% si ocurren mientras se presta el servicio. Además, si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las penas podrían incrementarse hasta en dos terceras partes.
“Estos delitos serán perseguidos de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de una denuncia previa”, se lee en la iniciativa.
El Artículo 162 Bis agrega una sanción más severa al delito de daños, enfocándose en quienes afecten servicios de transporte, ya sea público o privado. Las personas responsables podrían enfrentar de dos a seis años de prisión.
La modificación del Artículo 182 busca castigar con mayor dureza los ataques contra las vías de comunicación y medios de transporte, especialmente cuando afectan servicios como el transporte público local, las calles o carreteras, y la tecnología utilizada en ellos. Las sanciones para estos delitos van desde seis meses hasta cuatro años de cárcel.
El transporte público en Quintana Roo enfrenta varios desafíos que afectan tanto a residentes como a turistas. Una de las principales problemáticas es la insuficiencia de rutas y unidades, especialmente en zonas de alta demanda como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Esto genera saturación en los horarios pico, demoras y otro tipo de dificultades.
La falta de regulación adecuada y supervisión es otro problema recurrente. Diversos operadores trabajan sin permisos regulares o incumplen las normas, lo que afecta la calidad y seguridad del servicio. Además, las tarifas suelen variar sin previo aviso, lo que genera malestar entre los usuarios.
El transporte de Quintana Roo es un gran negocio para los titulares de Imoveqroo, para el gobierno en turno y para los líderes sindicales, Hernández Kotasek llega para legalizar la corrupción existente por muchos años por una mafia que aún controla ese instituto y que esta pintada de Verde no de Morena.
En primera instancia ya tocó nuevamente las puertas de Banobras para solicitar un préstamo que supera los mil 500 millones de pesos para replicar el ‘Va y Ven’ en la Zona Hotelera de Cancún.
