México, 20 abril; poderycritica.-La PGR aún debe profundizar varias líneas de investigación para hallar la verdad sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, incluida la participación de instituciones federales, afirmó el director del Centro Prodh, Mario Patrón.
En una entrevista, Patrón consideró «muy relevante» el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, que establece que entre 15 y 20 jóvenes fueron trasladados a Huitzuco por policías de ese municipio, y denunció que el Gobierno minimiza esos hallazgos.
Admitió que en el expediente de la PGR y el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos miembros son designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se mencionaba la posible participación de policías de Huitzuco.
Pero la CNDH logró «reconstruir de manera muy minuciosa, momento a momento, ese episodio de desaparición de un grupo de estudiantes» gracias a un nuevo testigo, argumentó.
Ahora «no hay duda de que hay otra corporación municipal vinculada con la desaparición» del 26 de septiembre de 2014 y de la participación de dos agentes de la Policía Federal, ya sea por «acción u omisión», señaló el abogado.
Además, dijo, la CNDH pudo acreditar que en el camión que viajaba este grupo, detenido por policías municipales en el puente del Chipote (Iguala), estaba Alexander Mora, el único estudiante cuya muerte se ha podido acreditar plenamente tras el análisis genético de restos óseos hallados en el río San Juan.
La PGR tiene que dar «una explicación verosímil» sobre cómo llegan los restos de Mora al río San Juan si este grupo fue trasladado a Huitzuco, apuntó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de las víctimas.
Esto demuestra que la «investigación no está concluida», aseguró Patrón, quien denunció que la PGR centró sus esfuerzos en defender su versión sobre el asesinato y quema de los 43 jóvenes en basurero de Cocula dejando de lado otras vertientes.
Esa versión no solo «no ha podido comprobarse científicamente», sino que la institución ha sido incapaz de acreditar que «un grupo de estudiantes haya llegado al basurero», lamentó.
Destacó asimismo que en el expediente hay declaraciones «que apuntan que los estudiantes pudieron haber sido divididos en tres grupos».
Unos testimonios aluden «a una casa de seguridad donde pudo haber sido llevado un grupo» y otro más a Huitzuco, puntualizó.
Patrón pidió indagar sobre la participación de agentes federales, la policía ministerial estatal o el propio Ejército, que estuvo presente en varios momentos de esa noche en la que los estudiantes para maestros de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías y entregados al cártel de Guerreros Unidos.
Sobre la decisión del Ejecutivo mexicano de no renovar el mandato del GIEI, que concluye el 30 de abril, dijo que es la «historia de una distancia anunciada», ya desde que desde su primer informe hubo «elementos que han incomodado mucho al Gobierno».
Un ejemplo de esto es que el GIEI situara los hechos en un «contexto de macrocriminilidad» que rebasa el ámbito local y la necesidad de investigar «la posible participación» de instituciones «federales», e interrogar al Ejército.
La «cerrazón» gubernamental en este último punto «genera la sospecha de que algo podrían estar ocultando», señaló.
Según Patrón, el Gobierno tomó la decisión sobre la salida del GIEI «hace varios meses», porque en el último semestre no le permitió ingresar a las prisiones para entrevistar a detenidos por el caso ni le dio acceso a todas las investigaciones relacionadas con el caso, «solo al expediente principal», detalló.
La CIDH ha anunciado ahora la creación de un mecanismo especial de seguimiento cuyo alcance debe pactar con el Gobierno, pero incluso si este último se negara a apoyarlo, la comisión podría llevarlo adelante «de manera unilateral», explicó el letrado.
El activista confió en que el informe que el GIEI presentará el próximo domingo tras un año de investigaciones «dé pautas más profundas que ayuden a dar luz al expediente».
Un año y siete meses después de la desaparición, los padres de los 43 «siguen unidos» y exigiendo la verdad, comentó Patrón, que instó al Gobierno a ver el caso como «un punto de inflexión» para que «estos hechos no vuelvan a suceder».
Recordó que este año han surgido otros dos sucesos similares en Veracruz, el de Tierra Blanca y Papantla, lo que es «realmente preocupante».
«Si queremos que Ayotzinapa sea un punto de no retorno, tenemos que asegurarnos de que exista la verdad», remató.
