México, 13 abril; poderycritica.-Verónica Delgadillo, diputada federal por Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para retirar la pensión vitalicia y los privilegios que reciben los ex presidentes de México.
“La pensión que reciben los ex presidentes en nuestro país no tiene fundamento legal y es una gran fuente de despilfarro del dinero público que se maneja en total opacidad” expuso la legisladora que representa el Distrito 8 (Guadalajara) de Jalisco.
“Ante la grave situación económica y social que vive México se han hecho replanteamientos y ajustes presupuestales, se ha dicho que es momento de apretarse el cinturón y la sociedad mexicana lo ha hecho, mientras las altas esferas de la clase política se niegan a renunciar a sus privilegios”, puntualizó.
Por ello Verónica Delgadillo en conjunto con Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, presentaron la moción que busca se reforme el artículo 83° de la Constitución Mexicana.
Este artículo, relativo al Poder Ejecutivo, establece que el presidente durará seis años en el cargo y que por ningún motivo podrá volver a desempeñarse en el puesto.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano buscan adicionar un segundo párrafo que prohíba que los ex presidentes gocen de cualquier pensión o privilegio una vez terminado su mandato.
“Nuestra intención no es demeritar el trabajo que hayan hecho los ex presidentes, para ello los van a juzgar los mexicanos”, expuso Delgadillo en la última sesión ordinaria de la Cámara, “nuestra intención es que al haber sido los máximos representantes del Estado Mexicano tienen que mostrar su sensibilidad con la Nación y demostrar que haber ocupado ese cargo no justifica esos privilegios excesivos.”
Los legisladores emecistas también enviaron una carta a los ex presidentes invitándolos a renunciar voluntariamente a sus pensiones.
Delgadillo sostuvo que aunque ya ha habido propuestas de otras fracciones partidistas que sólo buscan regular estas pensiones, la “actual crisis económica y social” por la que pasa el país es el momento inmejorable para que “la Cámara cumpla su compromiso con la gente y le ponga un alto al despilfarro y dignifique la política.”
“Queremos dejar claro a todos los políticos que servirle a la gente no debe ser sinónimo de servirse de la gente”, concluyó Verónica Delgadillo.
Pensiones ilegales
Los acuerdos presidenciales que regulan la pensión vitalicia y la asignación de personal de seguridad fueron suscritos por los ex presidentes Luis Echeverría (1976) y Miguel de la Madrid (1987); sin embargo, ninguno cuenta con sustento legal.
Ninguno de estos acuerdos fue firmado por los presidentes de la época ni fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El primer acuerdo asigna a cada ex presidente un total de 78 elementos del Ejército, Armada y Fuerza Área. El segundo, concede diversas percepciones económicas a los ex mandatarios: una pensión vitalicia equivalente al salario que percibe un secretario de Estado, así como seguro de vida y de gastos médicos mayores.
Según la Oficina de la Presidencia, cada ex titular del Ejecutivo recibe por mes 205 mil pesos de pensión, con excepción de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, quienes por voluntad propia renunciaron al derecho de pensión.
En 2015, la Federación asignó 9.5 millones de pesos para las pensiones de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox y Luis Echeverría. Pero se desembolsaron otros 21.9 millones para “personal de ayudantía”; sin embargo, no se tienen más datos: “No es posible proporcionar la información (número de elementos y sueldos) por estar reservada por 12 años”, respondió el Gobierno.
Iniciativas congeladas
En un intento por regular el tema, en los últimos 15 años diputados y senadores, principalmente del PRD, PT y Morena, han presentado una decena de iniciativas de ley para reducir las pensiones vitalicias y privilegios a los que tienen acceso los ex presidentes.
La mala noticia es que todas las iniciativas están estancadas en comisiones, a donde fueron enviadas para su discusión y análisis.
La iniciativa de los jaliscienses Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda también puede correr la misma suerte.
Ahora será enviada a comisiones para ser discutida. Después el proyecto debe ser llevado al Pleno de la Cámara para ser votado. En caso de ser aprobado, sería enviado a la Cámara de Senadores para su revisión y posterior votación.
La iniciativa de reforma al artículo 83° constitucional debe ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y después sería remitido al Ejecutivo, el que de no tener observaciones, lo promulgará y publicará en el Diario Oficial de la Federación.
