Los productores que exigen el pago de hectáreas siniestradas y reclaman la salida del delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, en Campeche enfrentan señalamientos por presuntas irregularidades y antecedentes de denuncias ante instancias federales, entre ellas la Fiscalía General de la República, FGR, según informó el delegado de la dependencia en el estado.
Entre los presuntos hechos con los que se les vincula figuran posibles casos de deforestación e irregularidades en el manejo de recursos públicos, luego de que se señalara que algunos productores presentaron cosechas de maíz para acceder a los apoyos federales de 800 pesos por tonelada, debido a que habrían reportado rendimientos superiores a los parámetros reconocidos para el estado, en una práctica que, de comprobarse, implicaría el cobro de apoyos por volúmenes que no corresponden a la producción real.
Carlos Baqueiro Cáceres, delegado de la Sader en Campeche, afirmó que algunos de los manifestantes tienen denuncias ante la FGR desde hace varios años. Incluso aseguró que uno de ellos presumió, en su presencia, haber entregado 300 mil pesos a un inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, aunque no precisó nombres ni el estado actual de esos expedientes, por lo que los señalamientos se mantienen en el ámbito de las denuncias y no de una resolución judicial.
El funcionario sostuvo que las protestas también están relacionadas con las revisiones al programa de apoyo de 800 pesos por tonelada de maíz. Explicó que detectaron productores que reportaron hasta 10 toneladas por hectárea, pese a que el promedio estatal establecido por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, es de cinco toneladas y media, una diferencia que, según la Sader, no se sostiene con los rendimientos habituales en Campeche.
Indicó que, debido a las condiciones favorables del temporal anterior, solicitó a las oficinas centrales aceptar un rendimiento de hasta seis toneladas y media por hectárea. Sin embargo, aseguró que quienes declararon volúmenes superiores recibieron requerimientos para comprobar sus cosechas mediante facturas y devolver los recursos correspondientes a las cantidades que no puedan acreditar, en un proceso de revisión que busca verificar la autenticidad de los reportes y recuperar los apoyos que no estén debidamente justificados.
